Asimismo, este convenio instituye la responsabilidad de las naciones de instrumentar los respectivos sistemas nacionales de control de este tipo de artefactos.
El tratado -avalado en abril por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas- también incluye el respeto a los intereses legítimos de los Estados de adquirir armamento, ejercer su derecho de legítima defensa y “para operaciones de mantenimiento de la paz, así como de fabricar, exportar, importar y transferir armas convencionales”.
De igual forma, los Estados parte se encuentran obligados a regular todas las transferencias internacionales, incluidas las actividades de importación, exportación, tránsito y corretaje, de armas pequeñas y ligeras, así como sus municiones, partes y componentes.
Al fundamentar el dictamen, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Laura Angélica Rojas, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, refirió que se estima que en México hay 15.5 millones de armas en posesión de particulares.
En tanto, precisó, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenía registradas en 2011, 2.5 millones, “es decir que hay cerca de 13 millones de armas de las que no se conoce con certeza, aunque esto sea evidente, ni en manos de quiénes están ni para qué son utilizadas”.
Es por eso que destacó la importancia para México de la ratificación de este tratado, pues llenará un vacío jurídico importante porque las armas convencionales no eran parte de ningún régimen de observancia obligatoria.
Una vez que el Tratado entre en vigor, explicó, los Estados tendrán que vigilar la importación, tránsito y exportación de armas para rastrear de forma más eficiente su distribución y evitar su desvío al comercio ilícito, lo que contribuirá a la seguridad interna de los países y a la paz.
A su vez, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de Seguridad, expresó que cada minuto muere una persona en el mundo como consecuencia de la violencia armada, mientras que el comercio ilícito de armas se ha consolidado como el principal distribuidor de armamento del crimen organizado “que sufre nuestro país”.
Acusó que es en las armerías de “nuestro vecino país del norte” de donde emanan el más alto número de armas y cuyo destino final es el consumidor nacional, lo que ha ocasionado el luto de familias completas por la pérdida de sus seres queridos.
Por ello, explicó que México es uno de los principales países que impulsaron un tratado internacional que regulara por primera vez en la historia el comercio ilícito de armas, que se ha convertido en una “actividad lucrativa y siniestra”.
En su oportunidad, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, manifestó que el tráfico de armas ha incidido en violaciones a mujeres, niñas y niños, así como a personas de la tercera edad.
Por ello, resaltó que este convenio establece que los Estados parte, antes de autorizar la exportación de armas convencionales, están obligados a realizar una evaluación, a fin de determinar si estos artefactos podrían utilizarse para cometer o facilitar la violación del derecho humanitario internacional.
Su compañera de bancada, la senadora Dolores Padierna Luna consideró que ante la situación que vive México este convenio es positivo, ya que los niveles de violencia se derivan por la apertura en el mercado de armas estadounidense y los grandes flujos ilegales que entran anualmente por la frontera norte, además de las intromisiones del gobierno de EU con operativos como el de Rápido y Furioso.
Por su parte, la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza aseguró que dicho tratado responde a la necesidad de eliminar el tráfico ilícito de armas y conviene a nuestro país dadas las circunstancias por la que atraviesa.
Al anunciar su voto en contra, el senador petista, Manuel Bartlett Díaz, dijo que es fundamental que el Senado de la República “acepte sus normas y no las siga violando una y otra vez”, pues este dictamen no se encontraba en el orden del día y no se presentó con oportunidad.
Es tan importante el Tratado –subrayó- que lo estamos sacando como si fuera una cosa menor, además “estamos aprobando algo que no está aquí, es un dictamen sin tratado”.
También, en contra del dictamen, la senadora Layda Sansores San Román, de Movimiento Ciudadano, estimó que “con tantas prisas quedan muchas cosas sueltas” porque este tratado no define qué son armas convencionales ni qué municiones se controlarán, además de que excluye a los drones “que son la armas modernas que deberíamos tener bajo la lupa”.
El documento se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
