Este Organismo público autónomo indagará la probable omisión de las autoridades educativas de ese plantel, en su responsabilidad de proporcionar seguridad y prevenir la comisión de delitos.
Visitadores adjuntos de la CNDH acudieron a las instalaciones de ese centro educativo para entrevistar a la agraviada y al personal directivo, docente y administrativo, a fin de recabar evidencia e integrar el expediente.
La Comisión Nacional considera que cualquier acto intimidatorio y conducta agresiva deben ser evitados en todos los ámbitos y más tratándose de menores.
La repetición de tales actos genera deliberadamente un daño físico o mental en las víctimas, el cual se ve agravado por la falta de sensibilidad de las autoridades escolares para prevenir o atender oportunamente las agresiones cotidianas.
Esta situación se agrava cuando las víctimas pertenecen a alguna etnia indígena, como la menor del presente caso.
Para la CNDH, enfrentar la intimidación y el maltrato entre alumnos, implica obligación de los involucrados en el sistema educativo nacional, bajo la premisa de que todos los individuos tienen derecho a preservar su integridad física y psicológica, y por tanto, nadie puede generar abusos físicos, verbales, psicológicos o sexuales.
Tras concluir la investigación y valoración de las evidencias, este Organismo Nacional, que preside el doctor Raúl Plascencia Villanueva, emitirá la determinación que conforme a derecho corresponda.
