* Comisión de Derechos Humanos del Senado presenta su informe de actividades; Angélica de la Peña señala que el Estado y sus instituciones enfrentan déficit de legitimidad
* La CNDH expresa su disposición a trabajar conjuntamente con el Senado en la elaboración de leyes generales de desaparición forzada y tortura

México, DF., 04-mar-2015.- Organismos internacionales y nacionales de derechos humanos advirtieron que México atraviesa por una crisis en este ámbito, que pone en riesgo la democracia, por lo que hicieron un llamado a que se reconozca esta realidad y se expida una ley general contra la desaparición forzada y contra la tortura, se establezcan controles civiles sobre los militares y se desmilitarice la seguridad pública, entre otros temas.

Esto, durante la presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, en la que la senadora Angélica de la Peña Gómez aseguró por su parte que el ejercicio democrático del poder debe ser corresponsable con una política de respeto, promoción y difusión, que enfatice que todos los derechos son fundamentales.

La presidenta de esta comisión legislativa añadió que el Estado y sus instituciones enfrentan un déficit en materia de derechos humanos, que pone en duda su legitimidad democrática y vulnera la gobernabilidad.

Explicó que el principal objetivo de esta Comisión ha sido legislar y promover la instrumentación de políticas públicas a partir de la implementación de reformas legislativas que permitan transformar estructuras y ajustar las actuaciones del poder público a un marco general de respeto irrestricto a los derechos humanos.

Reportó que la Comisión ha realizado 14 reuniones ordinarias, una extraordinaria; 13 de comisiones unidas; además realizó dos comparecencias de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; seis más para elegir a integrantes de su Consejo Consultivo, y 45 actividades de diversos temas.

Sin embargo, señaló que existen temas fundamentales que están pendientes, como la creación de una ley que defina y establezca derechos igualitarios a las personas con diversa orientación sexual y de equidad de género; una ley general que reglamente el artículo primero de la Constitución; las leyes generales en materia de desaparición de personas y la ley para prevenir y sancionar la tortura.
Es por ello que nuestro trabajo ha sido impulsado hacia un conjunto de reformas encaminadas a brindar atención a las causas estructurales que ponen en peligro la vigencia de los derechos humanos en el país, puntualizó.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, indicó que es necesario darle más voz a los temas relacionados con los derechos humanos, ya que hay hombres, mujeres, niñas y adultos mayores que todavía ven violentados sus derechos.

La presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, senadora Adriana Dávila Fernández, expresó que el país atraviesa momentos difíciles en materia de derechos humanos, y que ha sido denominado por otras naciones y organismos internacionales como una crisis de derechos humanos, la cual, dijo, no sólo le corresponde a una Comisión como la del Senado de la República, sino que es también responsabilidad de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Agregó que los partidos políticos han sido rebasados por la sociedad, por lo que es indispensable crear acuerdos y consensos para sacar al país adelante. “Hemos dejado de ser esa caja de resonancia quizás que pueda darle voz a todas aquellas personas que ya no se sienten identificadas con nosotros”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, manifestó su disposición para trabajar de manera conjunta con el Senado, en la elaboración de las leyes generales en materia de desaparición forzada y sobre tortura, “ya que esto contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas”.

Reconoció la disposición de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de hacer efectiva la propuesta para eliminar la reelección del presidente de la CNDH.

La labor legislativa debe tener como base y esencia el respeto a los derechos humanos, “pero no basta tener buenas leyes, ya que el respeto que avala este tema se inscribe dentro de un asunto mayor, que es el respeto a la ley y a las normas en general”, indicó.

Olga María del Carmen Sánchez Cordero, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), refirió que la Corte de hace 20 años tenía una idea de los derechos muy limitada, llevaba a cabo la interpretación constitucional con herramientas teóricas que no correspondían con sus nuevas atribuciones ni con la realidad, y el espectro de los derechos era sumamente acotado.

El país era otro, los problemas eran otros, pero la necesidad de diálogo siempre ha estado presente, dijo. Además expresó su anhelo de que se establezcan mecanismos de diálogo democrático entre poderes, actores políticos, a partir de su propia experiencia y de sus propias funciones, expresó.

Insistió en que la nación necesita dialogar y dejar atrás atavismos provenientes de visiones desgastadas de los derechos del Estado y los enfrentamientos que tanto daño le han hecho.

El gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rubén Moreira Valdez, dijo que a pesar de los avances en esta materia aún faltan muchísimas cosas por hacer, como generar una ley contra la desaparición de personas. “Mi entidad ha padecido esa terrible tragedia”, subrayó.

Opinó que es momento de enfrentar el tema de las recomendaciones de los organismos internacionales, y no esperar a que solamente el gobierno federal se haga cargo de las responsabilidades, pues también es responsabilidad de los estados y municipios.

Se debe enfrentar como un Estado federado, apuntó. En su turno, el director ejecutivo Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz Rendón, reconoció que el Senado se ha convertido en un interlocutor genuino, donde se crea un espacio de diálogo, no solamente para cumplir con el requisito, sino para escuchar verdaderamente las propuestas de la sociedad civil.

No obstante, advirtió que la democracia mexicana, que tantos años y tanto esfuerzo ha tomado construir, está en riesgo “porque no hay una democracia que pueda sobrevivir con 23 mil personas desaparecidas, un aumento en la tortura en 600 por ciento en los últimos 10 años o en un país donde ocho de cada 10 mujeres migrantes sufren violencia” o donde la cifra negra del delito alcanza 93.8 por ciento.

Advirtió que esta crisis de derechos humanos no se resolverá volteando la mirada, reaccionando de manera defensiva ante la crítica ni con el paso del tiempo. El país requiere, dijo, que los senadores se comporten como estadistas y no como políticos, y reconozcan la magnitud de la situación.

A su vez, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció los esfuerzos que el Senado ha realizado para avanzar en reformas importantes en este tema y destacó que el parlamento debe ser, sin lugar a dudas, un guardián de los derechos humanos.

Pero, agregó, aquí no termina su trabajo, pues a la luz de los lamentables hechos ocurridos en Iguala y del lacerante fenómeno de la desaparición forzada, está pendiente impulsar una respuesta legislativa integral en los términos recomendados a México por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de ONU y recientemente por el Comité de Desapariciones Forzadas.

Dijo que la Oficina en México del Alto Comisionado está dispuesta a contribuir en “este importante esfuerzo parlamentario”, de la mano de organizaciones de la sociedad civil, de organismos públicos de derechos humanos y, sobre todo, de las víctimas.

Ximena Andión Ibáñez, de la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lamentó que México “no ha sabido o no ha querido” resolver el “triste” legado de violaciones graves a los derechos humanos como la tortura, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento interno forzado y desaparición forzada, las cuales han acontecido no sólo en el contexto del combate contra el narcotráfico, sino en la historia reciente como la guerra sucia y el conflicto armado en Chiapas.

Aseveró que para enfrentar esta situación, todos los poderes del país deben reconocer “la alarmante crisis en materia de derechos humanos y la enorme deuda que tenemos con los cientos de miles de víctimas, a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación”.

Hizo un llamado para acelerar la reforma de seguridad y justicia desde una perspectiva de derechos humanos, establecer verdaderos controles civiles sobre los militares, desmilitarizar la seguridad pública, reconocer que la política de drogas vigente ha tenido consecuencias muy negativas y avanzar en la despenalización, regulación del espectro relativo al comercio de drogas ilícitas.

En su oportunidad, Santiago Corcuera Cabezut, miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, consideró como una “holgazanería” que algunas legislaturas de las entidades federativas no hayan cumplido con su obligación de tipificar algunos de los delitos que los tratados internacionales exigen.

No es muy difícil cumplir con lo que los tratados internacionales en la materia establecen, afirmó, sobre todo porque ya existen ejemplos de legislaciones apropiadas y adecuadas, como las de Coahuila o Querétaro, que se instrumentan adecuadamente, por ejemplo, en materia de desaparición forzada.

Expresó que si no se reconoce la dimensión del problema de las desapariciones en México, como un primer paso para resolverlo, no se van a adoptar las medidas que conduzcan a su solución; de ahí que “lo primero es reconocer la dimensión del problema, no rechazarlo como si se tratara de un ataque a la nación, porque no lo es”.

A la presentación del informe de la Comisión de Derechos Humanos asistieron, entre otros, los senadores Alejandra Barrales Magdaleno, Lucero Saldaña Pérez, Lorena Cuéllar Cisneros, Braulio Fernández Aguirre, Miguel Ángel Chico Herrera, Jorge Aréchiga Ávila, Arquímedes Oramas Vargas y Enrique Burgos García.

Asimismo, el senador con licencia Raúl Cervantes Andrade, el comisionado Relator sobre los Derechos Defensoras y Defensoras de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Enríquez; el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero; y la delegada en Gustavo A. Madero, Noria Arias Contreras.