Por Roberto López Rosado

Iniciado el mes, el Congreso de Oaxaca aprobó la reforma político electoral donde se establece los periodos para los diferentes órdenes de gobierno, es decir, el tiempo que el gobernador se mantendrá al frente del Poder ejecutivo, seis años, mientras que, por única ocasión, diputadas y diputados locales y ayuntamientos por dos años. La elección será el primer domingo de junio de 2016.

Estamos, pues, a sólo once meses de dicha elección y a poco menos tiempo del inicio del proceso electoral en que los partidos políticos debemos prepararnos para hacer frente a esa elección que debe ser de primera importancia para las y los oaxaqueños.

La nueva ley electoral señala que el gobernador electo de ese proceso electoral, iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2016 y concluirá el 30 de noviembre de 2022. En tanto por única ocasión las y los diputados al Congreso del Estado, iniciarán su periodo el 13 de noviembre de 2016 y concluirán el 12 de noviembre de 2018.

Igual, por única ocasión, los integrantes de los ayuntamientos electos por el sistema de partidos políticos y candidatos independientes, iniciarán su periodo el primero de enero de 2017 y concluirán el 31 de diciembre de 2018.

Esta reforma va a permitir empatar las elecciones locales con las federales, y más allá de la conveniencia en el ahorro que esta medida significará, evitará el desgaste a los partidos políticos y a la propia ciudadanía porque en un mismo proceso, se podrá elegir a diputados locales y federales y a los presidentes municipales.

Podría decir que todo hasta aquí está bien. Sin embargo, no así, lo concerniente a la aprobación del artículo 68, fracción primera de la recién reforma aprobada, con lo que se decretó reducir a tres años la exigencia de la residencia a quienes aspiren a gobernar nuestro Estado.

La ley electoral que fue reformada estaba acorde con lo que señala la Constitución de la República. El requisito era de cinco años. El Artículo 116 de la Constitución Federal es precisa: “sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento o nativo de él, o con residencia efectiva de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios”.

Por lo tanto, esta reforma fue hecha y aprobada a modo. ¿Y para quién fue redactada a modo?, simple y sencillamente, para el hijo del ex gobernador, José Murat, Alejandro, quien nació en el Estado de México y se ha desarrollado como político en la misma entidad de su paisano, Enrique Peña Nieto, donde por evidentes razones, no tiene oportunidad alguna de aspirar a gobernar la entidad mexiquense.

El presidente estatal del PRD, Carol Antonio Altamirano, ha señalado en el partido no respaldamos esta parte de la reforma, porque es un “traje a la medida y al gusto de algunos”, pero sobre todo, como ya señalaba antes, no coincide con lo que precisa nuestra carta magna.

¿Qué lectura se le está dando a la aprobación de este artículo 68, fracción primera? Todo mundo coincide; el retorno al pasado. El regreso del priísmo pero al mismo tiempo, la vuelta de un gobierno que como el que José Murat encabezó.

En días pasados, el diario estadunidense The New York Times –según el portal mexicano, “Sin embargo”-, “el ex gobernador tiene un condominio frente a Central Park, en Nueva York y con su familia posee uno más en la calle 55 West de la misma ciudad”. Sin embargo dice que esta información se desprende de “un amplio reportaje sobre el tráfico simulado de dinero, proveniente de distintos países, hacia Estados Unidos”.

El portal mexicano destaca que “el diario estadounidense encontró que los hijos del ex mandatario estatal han pasado largas temporadas en un condominio familiar en el Time Warner Center, frente a Central Park, cuya propiedad sigue en duda, aunque todas las referencias señalan a Murat”.

El que New York Time ratifique esta información, nos alerta que no sólo estaríamos volviendo a tropezarnos con políticos que se enriquecen explicablemente con el mayor cinismo, porque de entrada Alejandro Murat, como director general del Infonavit, no declaró ninguna de las propiedades, ni cualquier otra que pudiera tener de las que dio cuenta el diario neoyorquino. Está obligado a hacerlo.

En los últimos cinco años, en Oaxaca hemos vivido una situación diferente, no en jauja económica, no jauja social, pero sí se avanzó, se mejoró. Estoy convencido que se ha actuado con inteligencia política, por lo que regresar al pasado y no dicho por nosotros los oaxaqueños, sino por analistas externos a nuestra entidad, “sería muy costoso”.

A once meses de las elecciones para elegir a un nuevo gobierno, las y los oaxaqueños debemos reflexionar sobre lo que viene, sobre la importancia de dejar a un lado las diferencias, los desencuentros y trabajar ya, como lo hicimos hace seis años, en un proceso de unidad, de acuerdos, de entendimientos, porque lo que viene nos debe preocupar y ocupar. En las elecciones que acaban de pasar ya nos enseñaron más que sus afilados dientes.