* Las medidas previstas para este objetivo consideran que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, otorgue el indulto a quienes son susceptibles de recibir el beneficio, destaca
* En el caso de las personas que aún siguen en proceso penal se buscará que el MP declare conclusiones inacusatorias, resalta
* Se reforzará el programa asistencial de pago de fianzas que opera en la capital del país, remarca, en marco del informe especial El Derecho a la Alimentación en el Distrito Federal

México, DF., 21-jul-2015.- El consejero Jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, afirmó que analiza los expedientes de internos en reclusorios del Distrito Federal, principalmente indígenas, acusados de delitos no graves con posibilidades de fianza para obtener su libertad, pero carecen de posibilidades económicas para pagarla.

El funcionario capitalino mencionó que son entre 300 y 514 casos los que revisa la CEJUR y agregó que las medidas previstas consideran que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, otorgue el indulto a quienes son susceptibles de recibir este apoyo y ya se les dictó sentencia.

Posterior a la presentación del informe especial El Derecho a la Alimentación en el Distrito Federal, que publicó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), indicó que en el caso de las personas que aún siguen en proceso penal se buscará que el Ministerio Público declare conclusiones inacusatorias

Luego de señalar que se reforzará el programa asistencial de pago de fianzas que opera en la capital del país, Granados Covarrubias refirió que en los próximos días se tomarán las decisiones respeto a las acciones a realizar en esta materia, una vez que concluya la revisión de los casos.

“Hoy me entregará la parte de la Consejería Jurídica el informe correspondiente, estaremos haciendo este balance, este estudio, para saber específicamente cuántos casos estamos teniendo de este tipo y, a partir de ahí, actuar de manera inmediata”, ahondó.

En el evento organizado por la CDHDF, se comprometió a construir los consensos suficientes con los diversos actores políticos, económicos y sociales de la CDMX a fin de garantizar alimentación suficiente, digna y de calidad a los habitantes de esta urbe, con la certeza firme de cumplir con un derecho humano.

Granados Covarrubias añadió que el gobierno capitalino continuará perfeccionando el andamiaje jurídico para cumplir a cabalidad esta exigencia ciudadana y constitucional.

Ante la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, Granados Covarrubias señaló que en el informe especial el DF presenta esquemas de análisis a las políticas públicas federales, locales y delegacionales que pretenden garantizar el derecho a la alimentación mediante el combate al hambre, así como estrategias para revertir las principales violaciones a esta garantía constitucional.

Puntualizó que el texto elaborado con rigurosidad científica e histórica, plantea la permanente discusión sobre el abasto de alimentos para una población en constante crecimiento y la obligación de que el Estado no permanezca pasivo frente a personas en condiciones de crisis económicas, políticas y sociales para acceder a los alimentos o producirlos.

En este sentido, el funcionario resaltó el hecho de que un documento con la solidez teórica que reconoce los instrumentos internacionales signados por México en materia de respeto a los derechos humanos como el que se presentó esta mañana, sólo pudo consolidarse con la participación decidida de la sociedad civil organizada.

“Tengan la certeza de que lo escrito en este informe será de gran ayuda para perfeccionar las leyes, mejorar las políticas públicas y eficientar los programas sociales, siempre en beneficio de la sociedad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas”, sostuvo en el Auditorio Digna Ochoa de la CDHDF.

En este acto donde también se dieron cita Pablo Andrés Ramírez Sepúlveda, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en México y de Alicia Carriquiriborde de FIAN México (organización internacional vinculada al tema de la alimentación), Gómez Gallardo enfatizó que nadie puede pensar siquiera en un derecho al voto con el estómago vacío ni soñar con tener un patrimonio cuando lo apremiante es saciar el hambre de su familia, por lo que confió en que el derecho a la alimentación no se use de forma asistencialista.

Cabe citar que el estudio contó con la participación de la FAO, la Cooperación Española en el marco del proyecto a la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, y de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se hallan FIAN México, COANUTRICIÓN, el Centro de Desarrollo Urbano Fray Francisco de Vitoria y la Unión de Productores e Introductores de Hortalizas.