México, DF., 10-oct-2015.- El gobierno de México acordó instalar una mesa de trabajo ad hoc en relación a la resolución del Comité contra la Tortura de la ONU, relativa a la responsabilidad del Estado Mexicano por la tortura, detención arbitraria, arraigo, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia de la investigación de los delitos, en el caso Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez, sucedidos en 2009.
El Estado Mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución. Ayer mismo, se inició la colaboración con la Comisión Nacional de Seguridad, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, para atender la situación de cada uno de los internos.
Esta resolución es consistente con la Recomendación 33/2015 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a las autoridades mexicanas a la liberación de los cuatro acusados, quienes actualmente se encuentran en el Centro Federal de Readaptación Social No 4, en Tepic, Nayarit, acusados por secuestro.
Asimismo, iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura a la que fueron sometidos y procesar, juzgar y castigar a los responsables. Conceder a las víctimas una plena reparación del daño, así como su rehabilitación.
También, exhorta a eliminar la figura de arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como la Procuraduría General de la República informan que se acordó la instalación de una Mesa de Trabajo ad hoc.
La mesa está integrada por los subsecretarios Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas; el subprocurador Eber Betanzos Torres, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Guevara, así como la abogada Mayra López, representantes de los detenidos y María Luisa Bascur, de la Oficina en México, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
