Miguel Ángel Schultz
Por presuntas irregularidades en su manejo, urge investigar el seguro de vida del Programa Bienestar “Apoyo a las Personas con Discapacidad”, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHO), que preside Alejandro López Jarquín, el cual ofrece el pago por fallecimiento, gastos funerarios y médicos, así como descuentos por compras y otros beneficios, pero nadie sabe dónde se encuentra la seguradora para hacer efectivas las indemnizaciones.
Lo anterior lo demandó Sergio Bello Guerra, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), en sesión ordinaria de la sexagésima Legislatura del Estado, ya que dijo que son 26 mil 628 los beneficiarios del programa, que tienen una cobertura de pago de hasta 50 mil pesos por fallecimiento, siete mil 500 para gastos funerarios y cinco mil para gastos médicos por accidentes.
Sin embargo, precisó que al momento de querer hacer efectivo el seguro nadie sabe dónde están las oficinas, ya que es condición del programa, que para requerir la indemnización, la persona debe dirigirse a la aseguradora, por lo que las y los beneficiarios quedan indefensos por falta de acompañamiento de la SEDESHO, que tampoco les indica quién les hará efectivo el pago de la aseguradora.
En entrevista posterior, el legislador señaló que de acuerdo con la información de López Jarquin se sabe que dentro del Programa Bienestar, se encuentra el seguro de vida, cuya vigencia inicia al momento que el beneficiario recibe su tarjeta Bienestar, se les entrega su manual de operación complementaria y un manual de usos y beneficios del Programa de Apoyo a Personas con discapacidad y es donde se da el problema grave porque la compañía de seguros no existe.
De la aseguradora sólo se dice que su domicilio está en el Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez, sin embargo, dicha institución no se encuentra en la ciudad de Oaxaca, ni es de conocimiento público su denominación o razón social, así como su representante legal, a efecto de que los personas puedan hacer el reclamo de su beneficio.
Obviamente no hay una aseguradora, por lo que hemos presentado el exhorto para saber a dónde se van los recursos que se han aplicado, por declaraciones del propio secretario, entonces lo que queremos saber es cómo se han aplicado, externó el diputado panista.
Por ello, presentamos el exhorto al pleno de la Cámara el pasado 17 de diciembre, para saber cómo se han aplicado esos recursos, y se votó por urgente y obvia resolución. Sin embargo, Bello Guerra reconoció que aún no se ha hecho ningún contacto con López Jarquin, porque se está en espera de la repuesta del exhorto.
El diputado panista advirtió que se utilizarán las instancias institucionales para que se aclare la aplicación del seguro, como son la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria Superior del Estado; pero ello dependerá de la respuesta al exhorto. “Quisiera no pensar que estamos ante un desvió de recursos de dimensiones considerables, pero por la información con la que se cuenta, si puede existir esa posibilidad, pero esperemos la repuesta al exhorto, quiero ser insistente en ello”, puntualizó.
El Programa Bienestar de Apoyo a Personas con discapacidad inició en el 2011, al inicio del sexenio de Gabino Cué, por lo que la SEDESHO –cuyo titular en ese momento era Gerardo Albino González, hoy titular de la Coordinación General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca (COPLADE)– firmó un convenio con el DIF estatal. En esa ocasión se emitió una convocatoria para elegir a los beneficiarios.
En ese entonces, se contrató a la empresa Soluciones y Programas Integrales (SPI), que por tres años cobró 120 millones de pesos, únicamente por el servicio de entrega de la tarjeta del Programa Bienestar, cuyo propietario visible es Javier López Casarín y en Baja California, la representa su hermana, Marcela López Casarín.
En esa entidad, las tarjeta se distribuye a través del programa “De la mano contigo” de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Baja California, que ofrece los beneficios de seguro para gastos funerarios, seguro médico por accidente, llamadas gratuitas, red social para consulta médica, descuentos en establecimientos comerciales y servicios especializados de asesoría médica y legal.
Sin embargo, el año pasado fue denunciada en Baja California la empresa SPI por “cargar” las tarjetas para efectuar el pago de votos directos en los comicios del pasado 7 de junio, en favor del PAN.
@MiguelAschulz
