El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Rafael Torres Valdez, descartó este miércoles la intervención de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la Facultad de Medicina, que desde la semana pasada permanece cerrada, en poder de un grupo de presuntos estudiantes inconformes con la administración de la directora interina elegida de acuerdo con la Ley Orgánica por el Consejo Técnico, Beatriz Cárdenas Morales.
Torres Valdez justificó a los inconformes, al señalar que “la toma se trata de un derecho de los alumnos, quienes piden derecho a su voto”, en alusión al pasado proceso electoral en el que Cárdenas resultó ganadora.
Sin embargo, según los partidarios de Cárdenas Morales la versión del rector es parcial y distorsiona el problema de fondo porque la Ley Orgánica establece, en la fracción IX del artículo 52 (Atribuciones y deberes de los consejos técnicos) que dichos consejos tienen la facultad de “Designar y ratificar, en su caso, al director provisional y designar al sustituto en los términos de esta Ley”.
Como se recordará, el mes pasado falleció el director titular y el Consejo Técnico eligió directora interina a Cárdenas Morales.
El funcionario universitario descartó también que las protestas estén encabezadas por grupos porriles como lo ha denunciado Beatriz Cárdenas: “Si yo hablara de gente externa como porros, entonces sí tenemos desalojo, pero si estamos hablando entre universitarios, primero está el diálogo”, sostuvo, luego de su participación en la inauguración de la Licenciatura en Economía.
La Facultad de Medicina de la UABJO cumplió más de ocho días tomada por los inconformes, por lo que más de 2 mil alumnos permanecen sin clases.
Beatriz Cárdenas, por su parte, aseguró que se trata de un movimiento con trasfondo político, que tiene el fin de destituirla como directora interina, porque la elección de director interino es un proceso en el que los alumnos no votan.
El asalto a la facultad de Medicina de la UABJO es promovido por el ex recrtor Abraham Martínez Alavés, quien controla a los supuestos inconformes, a través de la coordinadora removida del cargo Yolanda Cruz Alcázar, acusada de violar el acuerdo del Consejo Técnico de solo aceptar 280 alumnos y permitió el ingreso de 70 alumnos más, lo que hizo un total de 350 y que además, tampoco ha podido justificar el destino de ocho millones de pesos, por lo que fue relevada del cargo