Ciudad de México., 13-sep-2016.- El Consejo Consultivo de la CNDH rechazó enérgicamente las voces que pretenden identificar el respeto y defensa de los derechos humanos como una vía para propiciar la ilegalidad en el país, en relación al pronunciamiento emitido a la Recomendación 4vg/2016, acerca de los hechos sucedidos en el “Rancho del Sol”, municipio de Tanhuato, Michoacán.

Al emitir un pronunciamiento de seis puntos, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró su convicción sobre el hecho de que la vigencia de los derechos fundamentales sólo se podrá alcanzar mediante la aplicación y cumplimiento de la ley.

Lo anterior, ante las diversas opiniones que como consecuencia de la emisión de la Recomendación 4VG/2016, han pretendido descalificar el trabajo de la CNDH, así como cuestionar la utilidad y pertinencia de que el respeto y vigencia de los derechos fundamentales deban ser el eje y parámetro que sustente y acote todo acto de autoridad.

La Recomendación 4VG/2016, aclaró, no cuestiona ni busca evitar en modo alguno el legítimo ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad corresponden a las autoridades, por el contrario, busca fortalecer la institucionalidad y el cumplimiento de la ley al evidenciar las conductas en que incurrieron algunos servidores públicos en contravención al marco normativo que debería regular su actuación.

A continuación el texto íntegro:

PRONUNCIAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH CON RELACIÓN A LA RECOMENDACIÓN 4VG/2016, ACERCA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL “RANCHO DEL SOL”, MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACÁN

Ante las diversas opiniones que como consecuencia de la emisión de la Recomendación 4VG/2016, han pretendido descalificar el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como cuestionar la utilidad y pertinencia de que el respeto y vigencia de los derechos fundamentales deban ser el eje y parámetro que sustente y acote todo acto de autoridad, el Consejo Consultivo de la CNDH manifiesta lo siguiente:

1.- En un Estado democrático de derecho, la autoridad está obligada en todo momento a actuar conforme lo disponen las leyes y respetar los derechos humanos de las personas, lo cual no inhibe ni imposibilita el ejercicio de sus atribuciones, como es la relativa al uso legítimo de la fuerza para preservar la seguridad y hacer efectivo el contenido de las normas.

2.- La Recomendación 4VG/2016 no cuestiona ni busca evitar en modo alguno el legítimo ejercicio de las atribuciones que en materia de seguridad corresponden a las autoridades, toda vez que, por el contrario, busca fortalecer la institucionalidad y el cumplimiento de la ley al evidenciar las conductas en que incurrieron algunos servidores públicos en contravención al marco normativo que debería regular su actuación.

3.- La determinación emitida por la CNDH no atiende a tiempos o coyunturas políticas, ni a intereses de ningún tipo. Es resultado de una investigación seria, objetiva e imparcial, sustentada en dictámenes técnicos y científicos, así como en otros elementos objetivos de convicción que, adminiculados y valorados en su conjunto, dejaron en claro la existencia de violaciones graves a los derechos humanos.

4.- Los actos ilícitos no pueden combatirse con otros nuevos ilícitos. La tortura, ejecución arbitraria y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, son conductas injustificables e inadmisibles en un Estado que tiene como guía el reconocimiento, respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos.

5.- El combate a la delincuencia y la tarea de brindar seguridad a la sociedad son compatibles con el respeto y vigencia de los derechos humanos. En la medida en que las autoridades sujeten su actuación a lo previsto por las normas y preserven los derechos fundamentales de las personas, no habrá razón para que su actuación sea objeto de algún pronunciamiento en materia de derechos humanos.

6.- El Consejo Consultivo rechaza enérgicamente las voces que pretenden identificar el respeto y defensa de los derechos humanos como una vía para propiciar la ilegalidad en nuestro país, reiterando su convicción sobre el hecho de que la vigencia de los derechos fundamentales sólo se podrá alcanzar mediante la aplicación y cumplimiento de la ley.