* El estado de derecho y la actuación apegada al marco jurídico de los servidores públicos

* XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos

* Ombudsperson del país desahogaron una agenda de trabajo en la que autonomía normativa y presupuestal, Protocolo de Estambul y reparación integral a víctimas fueron los temas principales

La Paz, Baja California Sur., 30-oct-2016.- Ante sus pares de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que estos organismos defienden la legalidad, el Estado de Derecho y que la actuación de los servidores públicos sea apegada al marco jurídico que los regula.

“Lo que no queremos es que se persiga el delito cometiendo conductas ilícitas. No se debe confundir a la sociedad con señalamientos falaces de que los defensores de derechos humanos defienden delincuentes, distrayendo e invisibilizando con ello, las violaciones de los derechos fundamentales”, enfatizó.

Durante el XLV Congreso Nacional Ordinario y Asamblea General de la FMOPDH, celebrada este 27 y 28 de octubre, dijo que “la CNDH ha pedido a las autoridades federales y estatales a través de las Recomendación General número 25, realizar una campaña pública permanente en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, y para respetar sus derechos durante el ejercicio de sus actividades, a efectos de sensibilizar a la población en general, especialmente los servidores públicos”.

Estableció como retos de los Ombudsperson del país lograr la apertura a la crítica de parte de los servidores públicos y que se reconozca en la práctica la legitimidad de los defensores de los derechos humanos, que los gobiernos federal y estatales se comprometan a realizar acciones para  garantizarles.

En particular a los defensores civiles, la protección de la vida e integridad personal, y mejorar sustancialmente las condiciones en que desarrollan su labor, ya que la intervención gubernamental no ha sido suficiente para garantizar de manera integral la vigencia de los derechos humanos en el país, al tiempo que han aumentado las estigmatizaciones y descalificaciones hacia las ONG y defensores al restringir su influencia y campo de acción, sin comprender que su tarea complementa la del servicio público.

Dijo a sus homólogos de todo el país, que la comunicación que haya entre los organismos públicos de derechos humanos permitirá la creación de un frente común y generará una cultura de denuncia de las violaciones a derechos humanos tendente a revertir la situación de agravio a la dignidad humana.

Luego de señalar que no se trata de rediseñar al país, sino establecer prioridades, expresó su coincidencia con quienes han manifestado la necesidad de conjugar tres dimensiones básicas para posibilitar la vida en común en nuestro país: ejercicio pleno de las libertades y derechos, construcción de un piso común de satisfactores materiales y culturales que propicie la cohesión e inclusión social, y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para que sea digno de tal nombre.

También señaló que ante la inseguridad, violencia, desigualdad, discriminación e impunidad que imperan en algunas regiones del país no se debe asumir una postura fatalista, sino despertar y adoptar medidas drásticas dentro del marco del derecho, que garanticen la acción del Estado y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos de las personas.

Se trata, agregó González Pérez, de sanear y remover todos los elementos que están descomponiendo a nuestro país, evolucionar para lograr lo que al final aspiramos que es la paz, la seguridad y la tranquilidad.

Puntualizó que uno de los temas que deben ser prioridad es la atención al grave problema de las personas desparecidas, ausentes, extraviadas y fallecidas no identificadas. “La iniciativa debe ser a nivel nacional para atacar frontalmente este problema en una convocatoria que incluya al gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, y a todos los actores vinculados, para que entre todos aportemos conocimientos e ideas en la búsqueda de soluciones”.

Por su parte, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, manifestó que cualquier acto que denigre la dignidad humana debe ser investigado y, en su caso, castigado, y que ése es el reto de la sociedad y sobre todo de los gobernantes que tenemos que estar a la altura de ese gran desafío.

Reconoció la importancia de la autonomía de los organismos públicos de derechos humanos, porque es muy difícil pensar en libertad y autonomía cuando enfrentan problemas presupuestales y los recursos no alcanzan o no llegan con la oportunidad que debieran. Dijo que es momento oportuno de enviar la propuesta de mayores recursos a los gobiernos del país, ahora que preparan sus paquetes financieros para presentarlos a sus Congresos.

A su vez, el presidente de la FMOPDF, Felipe de Jesús Martínez Rodarte, ratificó el rechazo a comentarios infundados sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos y destacó la importancia de trabajar juntos en esos temas, “porque defendemos la legalidad y el Estado de derecho”, aseguró.

En su momento, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, recordó algunos de los problemas, requerimientos y solicitudes que los Ombudsperson del país han planteado a lo largo de sus trabajos en la entidad, como la autonomía normativa y presupuestal necesarias para el cumplimiento de su responsabilidad, reparación de víctimas, aplicación efectiva del Protocolo de Estambul, dudas y problemas del mal uso de las prácticas al momento de las detenciones.

El sistema no jurisdiccional de la defensa de los derechos humanos, dijo, está obligado a generar convicciones de que son instancias defensoras de los ciudadanos, ante los abusos o excesos cometidos por cualquier autoridad.

Señaló los retos que los Ombudsperson tienen que enfrentar, como es el caso de campos agrícolas, centros de orientación, los patrones y problemas laborales, escuelas particulares, entre otros.

En las sesiones de trabajo del Congreso, González Pérez señaló que la autonomía normativa y presupuestal debe entenderse como la facultad de todas sus atribuciones. El papel del Ombudsman, dijo, es defender derechos, legalidad y dignidad.

Precisó que los temas del Congreso -la autonomía presupuestal y normativa de las comisiones, defensoría y procuraduría de los derechos humanos del país; la reparación integral a víctimas y el Protocolo de Estambul-, permitirán debatir y determinar importantes orientaciones y líneas de acción en el campo de la defensa de la dignidad humana.

Demandó a sus homólogos ejercer de manera responsable y plena la autonomía, con total apego a la ley y transparencia; promover la reducción de los niveles de impunidad, con estricto respeto a la competencia de las instituciones públicas, y llegar a la verdad y resolver los expedientes de queja con sustento exclusivo en las evidencias y elementos de convicción.

“El Ombudsperson –afirmó González Pérez— debe ser independiente del gobierno, de los partidos políticos y de las organizaciones políticas y sociales, lo cual no implica que esté desvinculado o lejano de las autoridades y la sociedad”.

En estos actos también se contó con la presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Federal Armando Luna; el secretario de Gobierno de BCS, Álvaro de la Peña Angulo; y el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Ayuda a Víctimas, Julio Hernández Barros; y Joaquín Narro Lobo, secretario Técnico de la FMOPDH.