* 311 mil personas se desplazaron de su lugar de residencia en 2016
Ciudad de México.- Con el objeto de conocer sobre el desplazamiento interno en México, la Comisión Permanente exhortó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a analizar la posibilidad de realizar un Censo Nacional que incorpore causas y efectos de este fenómeno, el cual se podría efectuar de manera paralela a los censos que se realizan sobre diversos temas.
El dictamen hace referencia al punto de acuerdo que le dio origen, donde se expone el llamado que hizo el secretario General de la ONU, en 2016, para renovar esfuerzos y prevenir los desplazamientos internos, encontrar las causas y apoyar soluciones seguras, dignas y duraderas para este sector de la población, así como el llamado para reducir en un 50 por ciento la población desplazada a nivel mundial.
Detalla, que de acuerdo con el Informe Global sobre Desplazamiento Interno 2017 del Consejo Noruego para los Refugiados, 311 mil personas tuvieron que desplazarse de sus lugares de residencia por la ola de violencia que ponía en riesgo su seguridad y vida, en México, en 2016.
Precisa que la medición de los fenómenos de desplazamiento fue compleja por la falta de herramientas de recolección de datos e información, y advierte la confusión frecuente que existe entre personas migrantes, refugiadas y desplazadas.
El informe, también destaca que las personas desplazadas internas están entre las más vulnerables del mundo, y que en determinados casos, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados: conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, pero bajo la protección de su gobierno, aún en las situaciones en que el propio gobierno se convierte en una de las causas de su huida.
La Comisión dictaminadora de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, además, señala que el aumento de desplazamientos internos en diversos países, es preocupante, pues sufren carencias y privaciones, exponiendo su integridad física y supervivencia.
Refiere que el Estado, garante de los derechos de las personas y encargado de respetar y hacer respetar las leyes, debe adoptar diversas medidas a efecto de que no se vulneren los derechos de las personas que se vean sometidas a un desplazamiento.
