* Derechos humanos, debe ser eje de todo programa de gobierno que se formule para el país
* El ombudsman nacional participó en el Foro “Prioridades para un Programa de Gobierno”
* Dar la espalda al régimen de derechos humanos vigente en el país, no es la solución a los problemas actuales
Ciudad de México.- México enfrenta una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y en el ámbito de la legalidad, donde existen altos niveles de impunidad, inseguridad, violencia y corrupción, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.
Al participar en la mesa “Legalidad y Derechos Humanos”, dentro del Foro “Prioridades para un Programa de Gobierno”, agregó que además la población no tiene acceso real y efectivo a la justicia, tiene bajos niveles educativos, fuertes carencias sociales y gran número de personas viven en condición de pobreza.
Ante Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Angélica de la Peña, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y Ana Lorena Delgadillo, directora General de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, AC, subrayó que la formación en los valores democráticos y en derechos humanos son la base para plantear nuestras inconformidades y hacer valer nuestros derechos por las vías y cauces institucionales.
De manera particular se pronunció por el replanteamiento de las políticas económicas del país, para incidir en la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad, ya que el desarrollo económico no debe ser excluyente o ajeno al desarrollo en el ámbito de los derechos humanos.
González Pérez dijo que el gasto público debe tener perspectiva de derechos humanos, para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales, que son clave para salir de la sombría espiral en que se constituyen la pobreza, desigualdad, exclusión y falta de acceso a la justicia.
Tras señalar que la violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, así como la falta de cumplimiento y aplicación de la ley, destacó que esos factores, unidos a la impunidad y corrupción, han ocasionado que en diversas regiones del país se hayan alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas y del régimen de derechos humanos reconocido por nuestro sistema jurídico.
México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. No debemos incurrir en acciones que vulneren o pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales, indicó.
“Violencia y descomposición social, sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho”, aseguró el ombudsman nacional.
Demandó generar una nueva forma de ciudadanía y sociabilidad sustentada en un acuerdo fundamental en que todas y todos nos comprometamos y responsabilicemos por asumir los valores democráticos y los derechos humanos como una forma de identidad ética. Para ello, propuso fortalecer la actividad educativa como herramienta de prevención de violaciones a derechos humanos y de afianzamiento de una cultura de la legalidad en el país.
Las participaciones de los expositores fueron comentadas por María Elena Morera, de Causa en Común; Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas; Sergio Aguayo, de El Colegio de México; Gustavo Madero, funcionario del Gobierno del Estado de Chihuahua, Jorge Fernández Souza, Lilian Niembro, Luis Gabriel Castro y Elio Villaseñor.
