* Los recientes sismos han evidenciado todo tipo de irregularidades en construcciones nuevas que se colapsaron y que incumplieron con las disposiciones en la materia

Ciudad de México.- Ana Lilia Herrera Anzaldo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado, presentará una excitativa para que las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos dictaminen la iniciativa que reforma el Código Penal Federal, en materia de gestión de riesgos y que presentó desde octubre de 2015.

En conferencia de prensa, la senadora explicó que su propuesta busca imponer una pena de dos a diez años de prisión y de 300 a tres mil días de multa a quien realice construcciones sin la autorización debida, así como a los funcionarios -que también serían inhabilitados- si autorizan edificaciones de forma irregular.

Refirió que en menos de un mes diversos fenómenos naturales, principalmente dos fuertes sismos, ocasionaron la pérdida de cientos de vidas y la afectación de infraestructura en diversos estados de la República, lo que evidenció todo tipo de irregularidades en construcciones nuevas que se colapsaron y que no cumplieron con las disposiciones en la materia.

La legisladora del PRI indicó que tres mil edificios en la Ciudad de México resultaron severamente dañados y se ha detectado que cuatro de ellos eran de reciente construcción, tres más fueron remodelados sin cumplir con la norma ni considerar los estándares requeridos para una zona lacustre de alta sismicidad.

Aseguró que las empresas o particulares que construyeron edificios en los últimos 20 años y que se colapsaron, o que fueron afectados por los sismos, tendrán que asumir las consecuencias, pues “es posible que no hayan cumplido con la normatividad vigente”.

“Necesitamos erradicar la omisión y corrupción en cada uno de los ámbitos de gobierno, pero también en lo que toca a las personas, porque “necesitamos entender que es un servidor público el que otorga un permiso, es un servidor público el que no cumple con las revisiones correspondientes o es un particular el que no respeta las normas de construcción”, subrayó.

Consideró que el trabajo como legisladores obliga a no demorar más tiempo aquellas decisiones que pueden contribuir a que todos vivamos en un entorno mucho más seguro y de respeto por la ley.

Como legisladores, agregó, hoy tenemos en nuestras manos la enorme responsabilidad de que sea la Ley la que inhiba las malas prácticas en materia de construcción y de desregularización de los asentamientos humanos.

Herrera Anzaldo hizo énfasis en que queda pendiente sancionar a los funcionarios y también a las constructoras que incumplan con la legislación en la materia; “tenemos que revertir, desde un marco legal firme y ejemplar, los efectos nocivos que ha tenido el que sólo existan sanciones administrativas.