* Tienen órganos de justicia electoral iberoamericanos la gran tarea de recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia: Otálora Malassis
* La justicia electoral, elemento indispensable para consolidar el sistema democrático: Zovatto
San Miguel de Allende, Guanajuato.- Janine Madeline Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que quienes forman parte de los órganos de justicia electoral iberoamericanos tienen una gran labor que desempeñar para recuperar la confianza de las y los ciudadanos en la democracia y para lograrlo tienen cuatro responsabilidades.
Al inaugurar la IX Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral, indicó que la primera consiste en que las autoridades electorales deben colocarse por arriba de la disputa por el poder político, “y la forma de lograrlo es guiándonos en todo momento en lo que señala la Constitución y la ley, por eso debemos mantener nuestra independencia, autonomía y capacidad de actuar por encima de las disputas políticas en nuestras sociedades”.
La segunda responsabilidad, continuó, es que, de manera crucial, los jueces electorales mantengan la claridad y la consistencia en los criterios jurídicos a partir de los cuales resuelven los diferendos que surgen en toda contienda electoral, “sin estos componentes esenciales no es posible fortalecer la percepción pública de que los tribunales electorales operan por encima de las coyunturas y de las luchas partidistas”.
La tercera responsabilidad es que los juzgadores deben velar por la integridad electoral, ya que es una herramienta útil, no sólo para evaluar la calidad de las democracias, sino también para fortalecerlas, agregó Otálora Malassis.
“De esta forma, un desafío para la integridad electoral y un obstáculo para la calidad de las democracias son las malas prácticas electorales de los contendientes y/o sus seguidores”, porque se trata de una actitud que genera entre la sociedad la pérdida de confianza en la democracia y en sus instituciones y además erosiona la legitimidad del proceso electoral y sus resultados.
La cuarta responsabilidad, señaló, es la obligación que tienen los jueces de velar por el cumplimiento de la Constitución, tanto en materia de derechos político-electorales de los ciudadanos como en lo concerniente a las normas electorales.
Por ello, abundó, “debemos vigilar que nadie trate de ponerse por encima de las leyes o desvirtuar su contenido, y aunque a los tribunales les compete el control de la constitucionalidad de los actos y las leyes, debemos promover y exhortar a nuestras distintas sociedades a defender sus constituciones, que son su patrimonio y la garantía de sus libertades y derechos”.
“Hay que crear conciencia entre los ciudadanos de que una forma elemental de recuperar la confianza en la democracia es defendiendo sus libertades y los derechos constitucionales. Cuando se defiende algo, se le aprecia más”, puntualizó Otálora Malassis, ante los magistrados de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez.
* La justicia electoral, elemento indispensable para consolidar el sistema democrático
A su vez, Daniel Zovatto, director Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, subrayó la importancia de estos encuentros entre la comunidad iberoamericana como espacios de diálogo y foros de reflexión que enfatizan la relevancia de la justicia electoral en el fortalecimiento de una democracia de calidad y de procesos electorales con integridad.
Luego de señalar que a partir de este mes de noviembre y hasta fines de 2019, 14 de los 18 países que integran la región celebrarán elecciones presidenciales, indicó que “la justicia electoral es un elemento indispensable para consolidar el sistema democrático, ya que evita conflictos derivados de la organización y celebración de los comicios, así como de actos de intimidación que puedan poner en riesgo la voluntad ciudadana expresada en las urnas”.
Zovatto agregó que en la mayoría de los países de América Latina, la justicia electoral garantiza el estricto apego a la Constitución y a la ley en la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas.
Asimismo, garantiza el pleno respeto a los derechos político-electorales fundamentales de las y los ciudadanos, el fortalecimiento del sistema de partidos políticos, el control de las regulaciones sobre el financiamiento público, la vigencia de la paridad de género y la sujeción de los actos electorales a los principios de constitucionalidad y legalidad.
