* El órgano autónomo solicitó también a la Fiscalía iniciar carpetas de investigación
Oaxaca Juárez, Oaxaca.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) requirió a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) implementar medidas de seguridad y vigilancia en la zona de Viguera, donde esta mañana se registró un enfrentamiento entre integrantes del Sindicato Libertad y de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).
A través del Cuaderno de Antecedentes DDHPO/CA/365/(01)/OAX/2019, el organismo defensor solicitó una colaboración urgente a la SSPO a través de la cual pidió salvaguardar la integridad, bienes y derechos de los transeúntes y vecinos de la citada Agencia Municipal de Oaxaca de Juárez.
Mientras que a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) pidió iniciar una carpeta de investigación por el enfrentamiento que, de manera preliminar, dejó como saldo dos personas fallecidas y varias heridas.
Este hecho de violencia se suma al registrado en inmediaciones de la zona de bodegas de la Central de Abastos el pasado 5 de marzo, que dejó varias personas heridas y una muerta. Mientras que el pasado 2 de junio un dirigente de la CATEM fue asesinado en inmediaciones de la ribera del Río Atoyac, cuando realizaba un tequio.
En este contexto, la Defensoría pidió a las autoridades encargadas de la seguridad atender de fondo la problemática para evitar la repetición de los hechos y garantizar seguridad a la población de la capital oaxaqueña.
También, el órgano autónomo se pronunció por el restablecimiento de la paz pública en el municipio de Oaxaca de Juárez y en toda la entidad, y recordó que la seguridad es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, ya que es fundamental para proteger los derechos a la vida, integridad física, libertad y patrimonio.
“Cuando la seguridad no está garantizada se pone en peligro la convivencia social, la paz y por ende el desarrollo, además que el ciudadano tiene una corresponsabilidad con las autoridades en el proceso de seguridad”, apuntó el organismo.
Luego de señalar que la inseguridad es un fracaso colectivo, que conlleva a la vulneración de derechos, enfatizó que las políticas públicas que aplique el Estado deben tener entre sus puntos esenciales la prevención como una forma de aplicar la corresponsabilidad, además que deben estar orientadas a atender las causas del problema de la inseguridad. El órgano autónomo insistió en que la seguridad no es un asunto que pueda reducirse a acciones de las corporaciones policiacas, sino que deben considerarse las condiciones económicas, sociales y culturales que alimentan la inseguridad, además de empatía con las personas que se ven afectadas por la inseguridad.
