* Las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos del estado de derecho

* La justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie

Ciudad de México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) deplora los acontecimientos ocurridos ayer en el estado de Puebla, donde siete personas fueron privadas de la vida por pobladores de Cohuecan y Tepexco, acusados de secuestrar a un vecino de la comunidad.

Luego de reiterar que las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos del Estado de Derecho, porque la justicia por propia mano no es justicia, sino barbarie, rechaza tales actos y demanda justicia para las familias de las víctimas, mediante una investigación seria y profesional que permita dar con los responsables de las ejecuciones, para que sean castigados de acuerdo con la ley y no se permita la impunidad.

Además, exige se deslinden las responsabilidades en que pudieran haber incurrido las diferentes autoridades que presenciaron estos hechos y no consiguieron evitar que se privara de la vida a las personas.

Para la CNDH el fenómeno del linchamiento o de la justicia por propia mano y la frecuencia con que se ha presentado en entidades como Puebla, muestra la fragilidad del Estado de Derecho, que establece los procedimientos e instancias para el acto de juzgar las conductas delictivas de las personas.

De acuerdo con el Informe Especial sobre la Problemática de los Linchamientos en el Territorio Nacional elaborado por la CNDH y el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, los linchamientos en el país muestran desde 2015 un incremento.

En 2016 el aumento respecto a 2015 fue del 37 por ciento, al pasar de 43 a 59 casos, mientras que 2018 presentó un claro repunte, con aumento de 190 por ciento respecto a 2017, al pasar de 60 a 174 casos.

En cuanto a las personas víctimas de linchamiento, fallecidas y lesionadas, el incremento de 2015 a 2016 fue del cinco por ciento, al pasar de 88 en 2015 a 92 en 2016, en 2018 el incremento fue del 146 por ciento, al pasar de 110 en 2017 a 271 en 2018.

En lo que va de 2019 se han registrado 135 casos de linchamiento, con 216 víctimas: 43 fallecidos y 173 lesionados. De 2015 a 2019, se han presentado un total de 467 casos que han tenido como resultado 766 víctimas de linchamiento, 157 personas fallecidas y 609 lesionadas, al 7 de agosto del presente año.

Así, se pone de manifiesto la existencia de sociedades que no sólo muestran su falta de respeto a la ley, sino que recurren a vías injustas para aplicar la justicia, porque nada justifica esas conductas en nombre de la justicia, ni aun en aquellos casos en que se puedan gobernar por usos y costumbres, porque toda conducta tiene como límite los principios de la Constitución General de la República, el respeto a los derechos humanos y, de manera relevante, el respeto a la vida, la dignidad e integridad de las personas.

En mayo pasado, al presentar ese Informe Especial, la CNDH hizo diferentes propuestas a autoridades de los tres niveles de gobierno cuyo ámbito de competencia se relaciona con la prevención, reacción y atención del fenómeno de linchamientos, como el Consejo de Seguridad Pública, el Congreso de la Unión, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los Consejos Estatales y Consejos Regionales de Coordinación.

Tales planteamientos fueron en materia de registro de información oficial; cultura de respeto, protección y garantía de los derechos humanos; cultura de la legalidad y de la denuncia; de política criminal y cultura de la prevención.

La CNDH reitera un llamado a las autoridades para que adopten las medidas necesarias para detectar y atender los casos en que exista riesgo de que las personas ejerzan justicia por propia mano. Es preciso que tengan protocolos de actuación y estrategias para la atención de estos casos, cuestiones que en ocasiones anteriores han probado ser efectivas para evitar que se presenten pérdidas de vidas cuando se detectan las amenazas y se actúa debidamente para controlarlas; esta actuación oportuna de la autoridad es la diferencia entre la vida y la muerte de las personas.