* Que se castigue a “factureros” cuidando de no crear pánico entre empresarios que cumplen con sus obligaciones fiscales
* Impulsa GPPRI ley para que evasores alcancen penas mayores que ameriten sentencia de cinco a ocho años
Pachuca, Hidalgo.- La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nuvia Mayorga Delgado, se pronunció en contra de generar un ambiente de terrorismo fiscal en el combate a las empresas fantasma y de aquellos que se dedican a la venta de facturas falsas que causan severos daños a las finanzas públicas.
Sostuvo que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con esta actividad irregular se han dejado de recaudar alrededor de 1.6 mil millones de pesos en los últimos cinco años, situación que no se puede permitir cuando se registran serias carencias en el sistema de salud como la falta de medicamentos en hospitales y clínicas del sector público en todo el país.
Durante un encuentro con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) del estado de Hidalgo, pidió no contribuir a un clima de terrorismo fiscal lo cual ahuyentaría a empresarios serios y responsables que traen al país inversiones o capital extranjero para instalar empresas y cuya actividad, por cualquier “error”, puede ser catalogada como delito fiscal.
El Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) en el Senado de la República se pronuncia a favor de regular esta actividad y que se castigue a aquellas personas que tienen empresas fantasmas o que son “factureras”, tanto los que las compran como los que las venden, pero con el cuidado de no crear pánico entre los empresarios comprometidos que cumplen con sus obligaciones fiscales, precisó.
Se trata de una ley que castigue a las llamadas empresas fantasma, un ordenamiento que vaya más allá de lo recaudatorio, que contenga reformas de tipo penal para que se castigue con prisión, consideró Mayorga Delgado.
La oposición en la Cámara de Senadores está a favor de la recaudación, no del terrorismo fiscal, pero también impulsa reformas para que los “factureros” que compran o venden facturas falsas alcancen penas mayores a las actuales que van de tres a seis años; la propuesta es que vaya de cinco a ocho años, concluyó.
