* Deplora falta de voluntad de autoridades, particularmente de las entidades federativas, para atender reclamos de víctimas
Ciudad de México.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), afirmó que se requiere reformar la Ley General de Víctimas y construir una Política Nacional de Reparación Integral del Daño, que no descarte la justicia transicional para lograr la verdad y la reparación del daño de las víctimas, así como una efectiva rendición de cuentas de las autoridades.
Lamentó la falta de voluntad de las autoridades, particularmente de los estados que no han instalado comisiones locales de búsqueda como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Sonora, para atender los legítimos reclamos de las víctimas y la sociedad para que el acceso a la verdad, justicia, reparación del daño y garantías de no repetición lleguen a todos los casos y, con base en ello, recuperar la paz y la confianza en las instituciones.
Al participar en el Conversatorio sobre “Reparación Integral de Daño en Casos de Violaciones Graves a Derechos Humanos en México”, señaló que la omisión de respuestas a esas legítimas exigencias muestra la indiferencia ante el sufrimiento y dolor de las víctimas y sus familias.
La vigencia real de los derechos humanos requiere de la plena convicción de su observancia, protección y del cumplimiento de la ley, por lo que todas las instituciones públicas, en su respectivo ámbito de competencia, deben buscar que las víctimas reciban atención debida como sector vulnerable, aseguró.
Así como colocarlas en el centro de la discusión, buscar su participación y representación técnica; fijar indemnización compensatoria justa que abarque daño moral y material; señalar los derechos que las autoridades, como garantes, deben proteger; investigar los hechos y, en su caso, sancionar a los responsables; dictar las medidas de no repetición, satisfacción y rehabilitación necesarias, y verificar que las instituciones del Estado cumplan.
El ombudsperson nacional mencionó que en los últimos años se ha avanzado en diversos procesos legislativos como un primer paso para la paz, justicia social, desarrollo nacional y restablecimiento del orden y del tejido social.
Sin embargo, destacó la necesidad de generar una política integral de reparación del daño que aporte bases sólidas desde la legislación y mecanismos para que las autoridades de procuración de justicia y de atención a víctimas aporten los elementos técnico-jurídicos para su valoración y ponderación por la autoridad jurisdiccional al emitir sus resoluciones.
González Pérez se pronunció por construir una Política Nacional de Reparación Integral del Daño, incluida la relativa a Violaciones Graves de Derechos Humanos, que considere a las personas, en particular a la víctimas, a las comunidades, y con esquemas que permitan abatir la impunidad y reconstruir el tejido social, recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones y rescatar comunidades por la vía de la legalidad democrática.
“Una visión, dijo, que no descarte la justicia transicional como camino para lograr la verdad y la reparación de las víctimas, así como una efectiva rendición de cuentas por parte de las autoridades”.
Explicó que para ello se requiere reformar la Ley General de Víctimas y adicionar la parte conducente a la atención de víctimas en los casos de violaciones graves de derechos humanos para asegurar que las víctimas sean tratadas con humanidad y respeto a su dignidad y derechos humanos.
Asimismo, gocen de atención especial para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia les permitan una reparación que no dé lugar a revictimización y haya evaluación periódica de cada caso hasta alcanzar una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido.
A su vez, Rocío Culebro Bahena, directora Ejecutiva del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia AC, indicó que ante situaciones como los 40 mil casos de personas desaparecidas, feminicidios y torturas que se presentan en el país, la reparación integral de daño en casos de violaciones graves a derechos humanos es un tema que adquirirá mayor importancia en los próximos años.
Por ello, es preciso avanzar en el diseño e implementación de procesos de reparación colectiva que en el caso de Veracruz, por ejemplo, han permitido dignificar la memoria de las víctimas y contribuir con las investigaciones que llevan a cabo las autoridades para el esclarecimiento de los casos.
Estuvieron en el presídium Ismael Eslava Pérez, primer visitador General; Juan Carlos Gutiérrez, director General de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC; Araceli Magdalena Rodríguez Nava, de la Ciudad de México y Norma Ledezma Ortega, de Chihuahua, estas dos últimas familiares de Luis Ángel León Rodríguez y Paloma Escobar Ledezma, respectivamente.
En este conversatorio se abordaron los temas de Mecanismos existentes para la reparación del daño en casos de violaciones graves de derechos humanos en México; Estándares nacionales e internacionales para la materialización de la reparación integral en casos de violaciones graves a los derechos humanos, y Experiencias comparadas en casos de reparación integral del daño.
