* Foro “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Todo embarazo en una niña o adolescente debe verse como violencia sexual y las autoridades asumir su responsabilidad de garantizar la interrupción legal en vez de revictimizar y naturalizar una maternidad temprana que vulnera una gama de derechos, fue una de las ideas centrales que expusieron las y los participantes del Foro “Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes”.
El foro forma parte del proyecto “Fortalecimiento del Desarrollo Humano, Proyecto de Vida y Prevención del embarazo entre personas de 10 a 19 años” que financia Proequidad, informó el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos.
En el acto inaugural, estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Ana Vásquez Colmenares, y de la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla, quienes coincidieron en la importancia de abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos en la población infantil y adolescente, promoviendo la apropiación de los derechos desde un enfoque de ciudadanía, de perspectiva de género e interculturalidad.
Durante el foro, moderado por Ximena Avellaneda Díaz, coordinadora del área de Investigación Acción del Grupo de Estudios, la presidenta de la organización, Angélica Ayala Ortiz, destacó la importancia de invertir en la prevención de embarazos en la infancia o adolescencia, una inversión estratégica que debería estar orientada al desarrollo de las capacidades de esta población a fin de que contribuyan a la consolidación de una sociedad en la que tienen derecho de participar en igualdad de condiciones.
Mencionó que medidas como la entrega de becas para que adolescentes embarazadas o madres jóvenes concluyan su educación básica, son acciones prácticas.
Sin embargo, dijo, se requieren unas que sean estratégicas e integrales para que incidan en la transformación de las condiciones de desigualdad y pobreza, donde la maternidad es el único rol de una mujer, sobre todo en comunidades donde se valora y se alientan las uniones y maternidades tempranas cuando es una grave violación a los derechos de las niñas y adolescentes.
La profesora investigadora, Lina Rosa Berrio, reflexionó que diversidad no es sinónimo de desigualdad, además de que urgió a fortalecer el espacio de lo comunitario porque ahí hay mujeres que luchan por los derechos de otras mujeres y para que puedan tomar sus propias decisiones, “ese trabajo necesita respaldo”.
Pidió dejar de considerar que por ser indígenas las personas son pobres y advirtió que cada que una niña o adolescente llega con su madre a una unidad de salud con un embarazo en curso, el personal médico deben informarle que tiene derecho a la interrupción legal porque seguramente no saben que es una situación de violencia.
“Hay responsabilidades institucionales, si no se les oferta la interrupción legal del embarazo estamos violando derechos por omisión”, insistió Berrio.
En ese sentido, la psicóloga social y maestra en educación sexual, Aurea Ceja Albanes, expuso que cuando hay una diferencia importante de edad entre el padre de la hija o hijo de una niña o adolescente está clara la presunción de violencia.
“Todo embarazo en la adolescencia y la infancia tendría que estar acompañada de la presunción de violencia sexual porque el planteamiento fundamental es sí las niñas menores de 14 años pueden dar su consentimiento pleno para tener relaciones sexuales”, ya que las cifras indican que seis de cada diez madres menores de 14 años fueron embarazadas por hombres adultos, de entre 19 hasta 78 años.
Sobre la implementación de la interrupción legal del embarazo a raíz de la reforma aprobada el pasado 25 de septiembre, el director de Prevención y Promoción de la Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor Sill, admitió que se debe seguir capacitando y sensibilizando al personal para que sepan que no se deben poner barreras.
“Se está trabajando sobre la posibilidad de crear una unidad médica especializada para la atención legal del embarazo”, adelantó.
El psicólogo y psicodramatista, Esteban Schmith Bello, expuso que muchos de los embarazos adolescentes tienen que ver con relaciones de poder y de cómo construyen la sexualidad “incontrolable” los hombres.
Lamentó que para las autoridades no sea prioridad trabajar con ellos, a pesar de que son los responsables de la violencia y pueden ser también quienes la frenen, dadas las implicaciones que tienen para los embarazos forzados en la etapa de la adolescencia.
En la medida de que las niñas, niños y adolescentes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio de su sexualidad será más libre, responsable e informada para retrasar la maternidad y la paternidad, pero sobre todo para consolidar un proyecto de vida en el que pongan en el centro su realización como personas, subrayó.
