La grave problemática de la violencia basada en el género,  tiene una profunda raíz estructural, pero diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a la protección de los derechos a la libertad, la integridad y la vida de las niñas y las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado, porque los costos de las omisiones y negligencias dan como resultado la violencia feminicida que existe en Oaxaca.

La renuncia del Fiscal General del Estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, había sido exigida desde tiempo atrás por la falta de resultados en la atención a la violencia de género y la violencia feminicida, deja como resultado de su gestión 510 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta solo durante la administración de Alejandro Murat, 295 desde la Declaratoria de Alerta por violencia de género, registros estadísticos que no dimensionan el dolor, la indignación y la impunidad presente en las diferentes regiones de nuestro estado.

Como integrantes del movimiento feminista hemos expresado permanentemente la urgencia de actuaciones profesionales y con perspectiva de género en el sistema de procuración y administración de justicia. Los desencuentros con la sociedad civil organizada, especialmente con quienes realizamos acompañamiento de casos de violencia hacia mujeres y niñas, han sido múltiples.

Hemos señalado las enormes dificultades para que se reconozca la violencia feminicida, la adecuada tipificación del delito ha sido uno de los temas centrales, las prácticas contrarias a derecho en la integración de carpetas de investigación, la falta de aplicación de la perspectiva de género y la revictimización de las mujeres en las etapas de atención a las denuncias, la carencia de recursos humanos, de infraestructura y financieros que hacen imposible el acceso a la justicia, los elevados niveles de impunidad, son solo algunos ejemplos del nivel de la deuda que aún está pendiente y que demandamos sea atendida.

Reconocemos la magnitud del problema, pero una renuncia triunfalista no es una señal positiva, pues los fríos datos demuestran otra realidad y si el Gobernador Alejandro Murat no asume la corresponsabilidad de las 510 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta durante su administración, así como los retos que enfrenta la procuración y administración de justicia, difícilmente tomará las medidas necesarias para impulsar los cambios que urgen en Oaxaca y que las mujeres seguiremos exigiendo.

Tan enormes desafíos requieren acciones contundentes, por ello en el marco del 8 de marzo día internacional de la mujer, las voces del movimiento feminista en sus diferentes expresiones, llenarán todos los espacios, físicos y virtuales, con una demanda legítima que nos convoca a todas:  ¡Vivas y libres nos queremos!