México, DF., 26-sep-2015.- A un año de sucedidos los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, que dieron origen al que se ha denominado como “Caso Iguala”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reitera su apoyo y acompañamiento a las víctimas y se solidariza con las preocupaciones que las mismas, diversas organizaciones sociales y varios sectores de la sociedad han expresado sobre la falta de esclarecimiento de tales hechos, en particular por lo que hace a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) la cual a la fecha no ha arrojado resultados concluyentes.

Por tal motivo, considera pertinente señalar:

1.- La búsqueda de la verdad en este caso es un reclamo de las víctimas y de la sociedad. Para quienes desde el ámbito de los derechos humanos intervenimos en este asunto, hacer efectivo el derecho a la verdad es también una prioridad jurídica, histórica, ética y de trascendencia para la dignidad nacional. La verdad en este caso es una, y su consecución debe ser el objetivo común para todos quienes investigamos estos hechos. La voluntad política expresada a favor de la verdad y la justicia debe encontrar expresión en avances concretos y objetivos de la investigación.

2.- Es preciso reconocer que las estructuras estatales no pudieron impedir la complicidad de la delincuencia con algunas autoridades y a la fecha no han podido deslindar las responsabilidades correspondientes ni que todos los que participaron en los hechos sean consignados.

3.- Es necesario impedir el uso político de estos hechos, así como evitar cualquier distorsión que se pretenda dar a los mismos y que contamine la investigación que se lleva a cabo. Nuestro compromiso con la verdad, con la justicia, con las víctimas y con la memoria de aquellos que perdieron la vida, nos impone asumir lo anterior como una premisa.

4.- Es momento de dejar de lado descalificaciones y sumar nuestros esfuerzos para avanzar en la realización de la investigación con el rigor, objetividad, responsabilidad y profesionalismo que el caso requiere. Para ello, es preciso que se continúe con la atención de las observaciones contenidas en el documento denominado “Estado de la Investigación del Caso iguala”, que presentó este Organismo Nacional, el pasado mes de julio (cuya respuesta por parte de la PGR se está valorando), así como que se tomen en consideración las recomendaciones hechas por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el Informe que rindió en fecha reciente.

5.- El esclarecimiento de este caso sólo se logrará con los elementos concretos que se desprendan de una investigación científica y exhaustiva de los hechos, que adminicule todos los elementos probatorios que obren en el expediente mediante un análisis integral, lógico y objetivo de los mismos. Los rumores, suposiciones infundadas y especulaciones, además de confundir a la opinión pública, desvirtúan las investigaciones, propiciando la demora en la conclusión de las mismas y que los hechos permanezcan impunes.
6.- Es necesario dar transparencia, certidumbre y continuidad a la investigación que lleva a cabo la PGR, con independencia de las decisiones administrativas o burocráticas que para el mejor trámite de la misma se tomen, las cuales, en modo alguno deben ocasionar dilación o afectar el debido curso de la misma.

7.- Sería pertinente efectuar una revisión integral del expediente integrado por la PGR, a efecto de detectar omisiones o irregularidades que en todo caso tendrán que ser investigadas y, eventualmente, sancionadas conforme a derecho.

8.- La coadyuvancia de las víctimas en la investigación que lleva a cabo la PGR es un derecho reconocido por la normativa actual en la materia, con base en el cual se pueden implementar mecanismos que permitan que la indagatoria del caso se enriquezca con aportaciones y opiniones de expertos que acudan en apoyo y cuenten con la confianza de las víctimas. Con ello también se abonará al seguimiento y transparencia de la propia investigación.

9.- Es prioritario que las instancias competentes avancen en el reconocimiento y atención de las víctimas.

10.- La comunicación respetuosa y constante con las víctimas, en un contexto de dignidad y respeto, son cuestiones necesarias que contribuyen a la consecución de las metas comunes de verdad, justicia y reparación. En razón de ello, se formula un exhorto al Gobierno Federal para que dé respuesta puntual a los planteamientos hechos por los padres de los estudiantes desaparecidos, sus representantes y diversas organizaciones sociales, en la carta que entregaron con motivo de la reunión sostenida el pasado 24 de septiembre.

11.- No podemos permitir la impunidad en este caso ni en ningún otro. Por el contrario, la investigación de este asunto debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto de la dignidad humana. Recuperar la credibilidad de la sociedad en sus instituciones requiere, entre otras cosas, que las autoridades competentes den una respuesta debida a la demanda de justicia y de verdad que los mexicanos tenemos en relación con este caso.

12.- El “Caso Iguala” es un expediente abierto, cuya investigación continúa, en la cual se debe considerar toda línea sustentada en elementos objetivos y no se dará por concluida hasta que se haya esclarecido el destino de los normalistas desaparecidos y tanto las víctimas, como la sociedad en general, tengan conocimiento de la verdad sobre los hechos acontecidos antes, durante y después del 26 y 27 de septiembre en el Estado de Guerrero.

Con ello se propiciará la reparación del daño a las víctimas, así como que los responsables de tales actos respondan de los mismos ante las autoridades competentes y reciban la sanción que corresponda conforme a derecho.

La verdad, la justicia y la reparación no pueden subordinarse a ningún tipo de interés o prioridad diversa. Nuestra indignación y nuestro compromiso en favor de esas causas deben verse reflejados y encontrar correspondencia en los hechos.
La CNDH continuará con su investigación objetiva, profesional y responsable en el ámbito de su competencia y estará atenta y dará seguimiento al desarrollo de las acciones que lleven a cabo las autoridades con relación a este caso. No debe haber impunidad ni tampoco olvido.

Los hechos de Iguala deben ser el parteaguas que nos lleve a renovar el compromiso que, como autoridades y sociedad, tenemos en favor del respeto a la dignidad humana y la vigencia del Estado de Derecho.