* Pidió medidas de protección a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca
* Abrió expediente de oficio tras la toma y el desalojo de terminal camionera
Oaxaca, Oax., 19-feb-2015.- Alrededor de 70 taxistas foráneos y choferes agremiados al sindicato “Libertad” de la Central de Abastos de esta capital acudieron hoy a las 15:00 horas a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para protestar por presuntos abusos cometidos por la policía municipal durante el desalojo de esa zona, este 18 de febrero.
Horas antes de esa protesta, la Defensoría solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) garantizar la seguridad en la Central Camionera de Segunda Clase al conocer, por medios informativos, que personas con piedras, palos y machetes tomaron ese inmueble ubicado en las inmediaciones de la Central de Abastos.
El organismo abrió de oficio este miércoles el cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0188/ (01)/OAX/2015, al tener conocimiento por medios de comunicación que integrantes de una organización de transportistas realizaron la toma de la Central Camionera, reteniendo a algunas personas y vehículos.
Por ese hecho, la Defensoría solicitó a la SSPO medidas cautelares para que resguarde y brinde seguridad en la zona de la Central Camionera, así como en las inmediaciones de la Central de Abastos.
Al aumentar la gravedad de las acciones policiacas en el operativo de desalojo, el organismo defensor elevó al rango de queja el cuaderno de antecedentes e integró de oficio el expediente DDHPO /230/(01)/OAX/2015 ante posibles violaciones a derechos humanos.
La Defensoría investiga un posible exceso de uso de la fuerza en el desalojo que ejecutó la Policía Municipal este miércoles, por lo cual demandó que todas las acciones realizadas por los elementos policiacos se apeguen a los principios de legalidad, con salvaguardia del derecho a la seguridad jurídica y demás derechos fundamentales.
El organismo realiza estas acciones con el objetivo de prevenir daños de difícil o imposible reparación, así como alteraciones al orden público, además de buscar proteger el derecho a la seguridad de las y los habitantes.
