* La CNDH logró acreditar una serie de acciones y omisiones realizadas por parte de personal de la Procuraduría del Edomex
* Presentan la Recomendación 51/2014, sobre el caso del municipo Tlatlaya, Estado de México
México, DF.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, presentó la Recomendación 51/2014, relacionada con los hechos ocurridos el 30 de junio durante un enfrentamiento en el que un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) privó de la vida a 22 civiles, presuntos delincuentes, en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.
El Ombudsman nacional señaló que en la Recomendación, dirigida a la Sedena, la Procuraduría General de la República (PGR) y al Gobierno del Estado de México, la CNDH logró acreditar que en estas acciones algunos elementos militares privaron arbitrariamente de la vida a las personas que se encontraban ya rendidas, luego de un enfrentamiento que duró de cinco a diez minutos.
Indicó que en la investigación del caso, en la que participaron 19 visitadores adjuntos y siete peritos en diferentes especialidades, la CNDH se enfrentó a cuatro obstáculos: la versión oficial construida desde el día de los hechos en el sentido de que todas las personas privadas de la vida habían muerto en un enfrentamiento; la alteración del lugar de los hechos.
Asimismo, haber omitido tomar la declaración de las víctimas sobrevivientes sobre los hechos relativos a la privación de la vida, así como el trato del que fueron objeto, lo cual tuvo como resultado que fueran imputadas por delitos que no cometieron; también omitir proporcionar fotografías con detalle individual de los cadáveres ubicados en el muro norte, de donde sólo se enviaron fotos con planos generales de la zona.
Este Organismo público autónomo, dijo, logró acreditar una serie de acciones y omisiones realizadas por parte de personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), en agravio de dos de las tres mujeres testigos sobrevivientes al quedar evidenciada la intencionalidad y la finalidad consistente en la autoincriminación y en la omisión de detalles sobre la privación arbitraria de la vida de las personas que murieron en la bodega.
Asimismo, los actos de intimidación en el contexto en el que fueron proferidos en agravio de la tercera víctima superviviente, configuraron tratos inhumanos, mujeres que estuvieron presentes en la bodega durante el momento de los hechos, así como diversas irregularidades durante la carpeta de investigación.
En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Derechos Humanos de la CNDH (CENADEH), Plascencia Villanueva dijo que la CNDH también logró acreditar que el día de los acontecimientos se alteró la escena de los hechos y no fue preservada de manera adecuada; algunos cuerpos fueron movidos de ubicación y otros de posición; se colocaron armas en algunos cuerpos y se sustrajeron de la escena teléfonos y equipo de radiocomunicación, cuya existencia fue referida en los testimonios.
La Comisión Nacional observó que la investigación de la PGR por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas, fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014, a pesar que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación 1, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas y no han sido aún consignadas por su responsabilidad en dichos homicidios.
Además, indicó, según lo informado por los familiares de las víctimas, nadie los ha contactado ni se les ha otorgado el carácter de víctima u ofendidos del delito y por tanto no han podido acceder a la atención victimológica que requieren, salvo en el caso de la tercera víctima quien lo solicitó directamente.
El Ombudsman nacional refirió que por todo ello, la CNDH formuló diferentes puntos recomendatorios, entre los que destacan:
A la Sedena proceder a la reparación del daño ocasionado a las víctimas indirectas y familiares, con indemnización, atención médica y psicológica; se dé atención médica y psicológica a las sobrevivientes; que sus elementos cumplan con el Manual del Uso de la Fuerza y se abstengan de alterar las escenas de los hechos; y se refuerce la capacitación en materia de derechos humanos.
Colabore ampliamente con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y queja que interponga ante la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Unidad de Inspección y Contraloría General.
A la PGR que tome en cuenta esta Recomendación para la integración de la averiguación previa y se realicen las acciones correspondientes y las víctimas indirectas tengan garantizado el acceso a la justicia.
Asimismo, que se consigne y se continúe indagando en la responsabilidad de los elementos que participaron; se reconozca el carácter de ofendidos del delito a los familiares de las personas fallecidas otorgándoles la protección y asistencia que les corresponde en términos de la Constitución y la Ley General de Victimas; se colabore con la CNDH en el trámite de la queja que promueva ante la Visitaduría General de la PGR.
Al Gobierno del Estado de México, la CNDH pide que proceda a la reparación del daño de los sobrevivientes, con indemnización, atención médica y psicológica; se investigue respetando los derechos humanos de las víctimas; se proporcione a los peritos de la PGJEM y al personal ministerial cursos de capacitación en materia de derechos humanos y criminalística para realizar diligencias precisas.
