* Se manifiestan en la tribuna del Congreso del Estado
Rebeca LUNA JIMENEZ
Oaxaca.- El gobierno estatal está evitando el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas en contra de Roberto López Rosado, funcionario de la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi), dijeron Manuela Gómez y Omar Luis desde la tribuna del Congreso local, hechos ocurridos en agosto del 2008 en la ciudad de Juchitán de Zaragoza.
Los afectados, tomaron como tribuna la del Congreso local, previo al inicio de la sesión y logrando que ninguno de los legisladores ni de la seguridad de la Cámara de Diputados se opusiera, las dos personas con una manta en las manos denunciando “Alto a la protección política y el tráfico de influencias, prisión y cárcel a Roberto López Rosado…”.
Los legisladores incluyendo a la presidenta de la mesa directiva, Eufrosina Cruz Mendoza, dejaron que los “afectados” del caso leyeran un documento en que se exige el cumplimiento de órdenes de recomendación de derechos humanos contra actos del Procurador de Justicia y mandos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), por inejecución de orden de comparecencia girada contra el Subprocurador para la Defensa del Indígena del gobierno del Estado” y otros integrantes de la organización en el caso de despojo cometido en su perjuicio.
Denunciaron la coalición de funcionarios públicos en la protección jurídico político del gobierno estatal para evitar el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas en contra de López Rosado.
Señalaron el incumplimiento de la recomendación 13/2011 de fecha 30 de junio del presente año formulada por la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca, al Procurador de Justicia, al gobernador Gabino Cué por no haberse presentado Roberto López Rosado dirigente de la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP), y actual Subprocurador para la Defensa del Indígena y grupos vulnerables.
Así también a otros participantes como son el ex regidor de Salud del municipio de Juchitán, Juan Valdivieso Luis y del sentenciado Vidal Gabriel Jiménez Gutiérrez, presuntos responsables de la comisión del delito de despojo con violencia, cometido en perjuicio patrimonial de Manuela Gómez Rosado.
Una comisión integrada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias atendieron a los afectados quienes habían anunciado el inicio de una huelga de hambre, “para exigir la aprehensión y destitución del delincuente prófugo de la justicia Roberto López Rosado, y una solución digna y justa para una anciana que ha sufrido un atropello por parte del Estado”.
