Ciudad de México.- “Existe complacencia de la Secretaría de Movilidad (Semovi) hacia las Empresas de Redes de Transporte al permitirles que se autorregulen y, por el contrario, un trato discriminatorio hacia los Taxistas Organizados de la Ciudad de México al aplicar la regulación existente”, aseguró su representante, Daniel Medina, en el Coloquio sobre Movilidad Sustentable que organiza la Comisión en la materia del Congreso local.

En su ponencia, el representante de los taxistas dejó claro que el gremio no se opone a la tecnología, pero sí necesita de apoyo por lo que hizo un llamado al Gobierno de la Ciudad para que en colaboración con la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México se cree una plataforma tecnológica para el transporte concesionado de transporte individual de pasajeros.

Medina expuso que el trabajo de los taxistas concesionados “se debe de reconocer y entender como una extensión de la actividad pública del Estado” pues resulta “complementaria de la obligación que tiene el Estado para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros”.

Puntualizó que “el Estado deberá de considerar primordialmente, salvaguardar los derechos de sus concesionarios, por ser nuestro gremio parte integrante de su actividad que como obligación le impone la Ley” y por lo tanto “debe considerar los derechos que nos asisten como concesionarios”, cosa que no hace y, por el contrario, los daña.

Por otro lado, dijo que si bien, las plataformas digitales han tenido una aceptación en el usuario, esta ‘aceptación’ no puede convalidar su legalidad, ni mucho menos permitirles actuar al margen de la Ley, en virtud de que es una obligación irrestricta de la Autoridad respetar y hacer respetar el estado de Derecho”.

Además de que la aplicación o interpretación de la Ley “no puede sujetarse a satisfacer intereses particulares, ni mucho menos a que esta, se interprete y aplique por ellos”, puesto que lo que la Ley pretende es regular situaciones específicas en beneficio de la colectividad. Este caso en específico lleva a la autoridad “a complacer y satisfacer a un grupo determinado de personas en perjuicio de la colectividad, actuar que además de no ser permisible, es objeto de responsabilidad ya sea por acción u omisión”.

“Los actos desplegados por la autoridad han creado escenarios con clara desventaja para el sector del transporte concesionado, e inclusive se convierten en discriminatorios, al no tratar igual a lo iguales”, agregó Daniel Medina.