Dijo que la escueta información que han difundido las autoridades sobre el curso de las averiguaciones ha despertado más suspicacias que certezas sobre la verdad de los acontecimientos, especialmente cuando son medios de comunicación los que difunden los resultados de investigaciones periodísticas propias, como es el caso de la agencia informativa que divulgó fotografías de las personas que perdieron la vida y un análisis de criminalística sobre las mismas.
Destacó que es primordial la transparencia en la colaboración e intercambio de información entre la PGJM y la PGR, y hasta ahora se desconoce incluso si se preservó la cadena de custodia luego del levantamiento de indicios -realizado por el Ministerio Público Militar- la cual es fundamental para el trabajo que realiza el Ministerio Público Federal.
Es de inaudita irresponsabilidad el anuncio de la CNDH, agregó la legisladora del PRD, en relación a que sus investigaciones tendrán resultados en seis semanas, cuando por el simple hecho de que soldados estén posiblemente involucrados en 22 asesinatos, debiera destinar recursos humanos y materiales suficientes para llegar a conclusiones lo antes posible.
La senadora por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) calificó de desafortunadas las declaraciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en el sentido que en caso de comprobarse una ejecución en Tlatlaya, esto sería una acción aislada y no el comportamiento de las fuerzas castrenses.
Consideró que estas declaraciones restan gravedad al hecho mismo y demuestran que el Ejército Mexicano y la Marina no deben estar en las calles porque no son sus funciones y no están capacitados en el respeto a los derechos humanos.
“Durante las discusiones de las reformas al Código de Justicia Militar, que fueron más allá de su artículo 57, advertimos que si no concretábamos un nuevo ordenamiento ocurriría lo que lamentablemente hoy coloca en entredicho la credibilidad de instituciones del Estado mexicano”, apuntó.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República hizo un llamado para que las autoridades de procuración de justicia competentes, PGR y PGJM, así como la CNDH, apresuren el esclarecimiento de lo ocurrido el 30 de junio en Tlatlaya, informar periódicamente los avances y que los resultados conduzcan a la consignación de los responsables y a un juicio público, oral y acusatorio, conforme al debido proceso.
Recordó que el Congreso de la Unión ha concretado importantes reformas en materia de derechos humanos para garantizar el respeto absoluto de estos, cumpliendo con recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y en concordancia con la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco.
“En materia de justicia militar quedan pendientes por resolver, la realidad lo demuestra, y deben ser incluidos en la agenda legislativa”, concluyó de la Peña Gómez.
