México, DF.- Las leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad buscan legitimar la corrupción y los negocios de administraciones pasadas, así como aniquilar ambas empresas, aseguró el senador Luis Sánchez Jiménez, al presentar la posición a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Durante la discusión del tercer proyecto de leyes secundarias en materia energética, el legislador mexiquense sostuvo que la discusión de este dictamen en realidad es la definición del proceso sobre los ritmos de extinción de la empresa pública en México.
Aseguró que el Ejecutivo Federal pretende poner el negocio privado y la predominancia del mercado por encima de un proyecto nacional que proponga el uso estratégico de la riqueza energética del país para el beneficio de los mexicanos.
“El motor que mueve aniquilar a PEMEX y a la CFE es la corrupción. Es hacerse indebidamente de la riqueza energética de todas y todos los mexicanos. Corrupción que les ha movido en el sector energético desde siempre y que ahora acarician como una realidad”, dijo.
El senador por el Estado de México recordó que el PRD ha advertido en muchas ocasiones que “la opción adoptada por el presidente Enrique Peña Nieto, junto a los legisladores del PRI y del PAN, es un salto hacia la polarización social y hacia la inestabilidad estructural de la economía”.
En ese sentido, a nombre de su partido mencionó algunas consideraciones incluidas en la propuesta que “radicalizan la orientación para neutralizar, desmembrar y hacer inviables a dos instituciones que durante los últimos 75 años han sido fundamentales para garantizar la soberanía energética de la nación”.
Destacó que el dictamen busca reducir la misión y el objetivo de ambas empresas, así como la intención manifiesta de romper la integralidad industrial de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad para fragmentar sus cadenas de valor y hacerlas perder competitividad.
“Pemex y la CFE están en la peor perspectiva: desintegradas, reducidas, en una fuerte competencia con grandes empresas internacionales y controladas en sus ingresos e inversiones por un gobierno incapaz de impulsar el crecimiento de la economía nacional y sediento de ingresos para paliar los conflictos sociales derivados del desempleo”, concluyó.
