El titular de la SSP, Marco Tulio López Escamilla, recordó que a petición de las autoridades de Santiago Textitlán, distrito de Sola de Vega, y de San Pedro el Alto, distrito de Zimatlán de Álvarez, comunidades que mantienen un conflicto agrario, la policía estatal acudió el 28 de abril a la zona, para dar condiciones básicas de seguridad, por lo que se aplicó un operativo de desarme.
Este hecho provocó inconformidad entre los pobladores de Textitlán, denunciando excesos de la fuerza pública, abundó en entrevista.
Por ello, la PGJE inició la averiguación previa 696/C.R/2011, para investigar los hechos y conocer la verdad, en tanto, la Dirección de Asuntos Internos de la SSP abrió el expediente IG/AI/186/2011, para saber si los elementos de seguridad violaron los protocolos, “porque no va a haber impunidad para nadie, llegaremos a la verdad y vamos a hacer justicia”.
“La policía acudió por las múltiples peticiones que hubo de las diferentes autoridades municipales; la principal función de la policía es prevenir la comisión de delitos, sería muy irresponsable del Gobierno permitir que dos pueblos se enfrentaran”, manifestó.
“Nos reportan varias quejas del comportamiento de los elementos, vamos a investigar, nuestra función como autoridad es indagar con toda precisión, escuchar a todos quienes se dicen afectados, ver como estuvieron los hechos, recopilar toda la información correspondiente, y si hubo excesos y abusos, por supuesto que hay que castigarlos, si hubo algún un policía que se excedió, lo vamos a castigar”, abundó.
El titular de la SSP hizo un llamado a la cordura entre los pueblos, a que mediante la vía del diálogo y concertación resuelvan este conflicto agrario, porque con estas herramientas, la presencia de la policía no es necesaria.
En tanto, el procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, informó que se inició la averiguación previa, para allegarse de toda la información y deslindar responsabilidades.
Luego de señalar que se investigará a fondo y si hubiera responsables, se castigará de acuerdo con la ley, precisó que el gobierno estatal empeña toda su voluntad política y los instrumentos de negociación entre ambas partes, para llegar a acuerdos y evitar más discordia entre las dos comunidades.
El gobierno estatal ha puesto como prioridad la atención a los más de 134 conflictos agrarios, porque ha sido uno de los factores de que los pueblos se mantengan en pobreza y marginación, agregó el Procurador.
