Simpatizantes del tricolor de Santa Lucía del Camino tomaron la sede legislativa y agredieron al diputado Wilfrido Vázquez López
Un grupo de priistas del municipio de Santa Lucia del Camino tomó la Legislatura del Estado y agredió al diputado perredista Wilfrido Vázquez López, para evitar que el pleno del Congreso revocará el mandato a su presidente municipal, Alejandro Leal Díaz.
Los inconformes, encabezados por Leal Díaz, se apoderaron de los accesos principales del inmueble, ubicado en el municipio de San Raymundo Jalpan, impidiendo el acceso del personal y de los propios legisladores.
Leal Díaz, quien se encuentra procesado y amparado acusado del presunto delito de abuso autoridad, tras haber ordenado el despido injustificado de una empleada por encontrarse en estado de gravidez, lanzó acusaciones de extorsión contra uno de los legisladores perredistas, al que sus seguidores trataron de agredir.
El diputado se encerró en sus oficinas, de donde salió escudado por varios legisladores para evitar que fuera agredido por los inconformes que le lanzaron botes de agua y le gritaron consignas.
Las protestas cedieron cuando el presidente de la mesa directiva, Jorge Guerrero, dio a conocer que la decisión de revocar el mandato al munícipe quedó sobreseída, tras la petición de licencia que hizo el propio munícipe para ausentarse del cargo.
En julio pasado, la juez primero de lo penal, Alba Osorio Velasco, ordenó la detención de Leal Díaz junto con el síndico procurador, Fortunato Manuel Mancera y el regidor de Seguridad Pública, Catarino Castillo Santiago, acusados del delito de abuso de autoridad y dilación de la justicia, quienes pierden sus derechos políticos.
De acuerdo al expediente penal, el pasado 15 de octubre el munícipe, quien justificó no tener recursos para cumplir con sus obligaciones, ordenó el despido injustificado de la trabajadora Yaira Cruz Sandoval, a quien le negaron el derecho al seguro social, pese a cumplir el octavo mes de embarazo.
El abogado de la victima, Félix Pizarro dijo que esta pendiente de proceder la revocación del mandato contra los tres funcionarios municipales, quienes también tienen en su contra un proceso penal por peculado.
