• Se estima que existen aproximadamente 80 millones de hackers automatizados, dijo Armando Granados Carreón

• Hasta dos por ciento del PIB global podrían representar los mercados negros en internet, afirmó Rodolfo Romero Flores

• Las criptomonedas brindan anonimato y la posibilidad de cometer delitos, añadió Carlos Aránguez Sánchez

• Quizá hoy se esté librando la Tercera Guerra Mundial en el ciberespacio con ataques a infraestructuras críticas, planteó María Concepción Gorjón Barranco

Las ganancias por los ilícitos que se cometen en el ciberespacio podrían superar los tres billones de dólares por año, más de tres cuartas partes de los ciberdelincuentes están vinculados con la delincuencia organizada y se estima que al día hay un millón de víctimas; es decir, aproximadamente 14 personas adultas cada segundo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo afirmó el académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, Armando Granados Carreón, quien expuso que estos actos son una forma emergente de delito trasnacional que para 2015 se calculaba afectó a más de 400 millones de personas.

Al participar en la mesa “Ciberdelitos”, del II Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal. Carlos Daza Gómez In Memoriam, añadió que uno de los de mayor crecimiento es el fraude por uso de tarjetas de crédito, se estima que existen hasta 80 millones de hackers automatizados.

Otros ilícitos en la red están relacionados con la identidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como la pornografía infantil. “Para cometerlos no es necesario ser especialistas en informática, pues las herramientas de software para realizarlos se compran en línea”, remarcó el jefe de la División de Universidad Abierta de la FD.

El también académico de esta Facultad, Rodolfo Romero Flores, coincidió en que hay estimaciones de que los mercados negros, en los que se intercambian bienes y servicios cuya producción y/o distribución es ilegal -como las drogas, armas, pornografía infantil y medicamentos controlados, entre otros-, representan dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.

Sin embargo, hay quienes señalan que en los países desarrollados podría alcanzar hasta 16 por ciento de su PIB y en los subdesarrollados, 36 por ciento.

Explicó que no existe aún consenso en una metodología para evaluar estos mercados ilegales toda vez que es difícil detectar las fechorías que crecen de manera exponencial debido al aumento en el uso de internet y particularmente de la Deep web (red oculta), el anonimato que otorga a los consumidores y su difícil rastreo, así como el surgimiento de los criptoactivos o criptomonedas.

Entre los principales países que participan de estos mercados se encuentran Estados Unidos y China, así como Japón, Italia, España. “México también está y es un tema que nos debe preocupar y ocupar”, dijo.

En tanto, Granados Carreón recordó que la ONU planteó su combate desde hace varios años y a partir de 2019 emitió la resolución 73/187 para la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos.

Se sabe, prosiguió, que hay diferencias sustanciales entre los estados para hacer frente a este flagelo de la humanidad, y para ello se requiere contar con la cooperación internacional, compartir información y experiencias, brindar capacitación a investigadores, policías, fiscales y jueces, dotarlos de aparatos y tecnología, así como una legislación uniforme. “Es necesario tratar de tener instrumentos internacionales para que la lucha se convierta en una lucha común”, resaltó el experto universitario.

Sin embargo, señaló que los gobiernos realizan prácticas similares a la delincuencia al efectuar, por ejemplo, el hackeo y el espionaje cibernético, incluso con el argumento de que se lleva a cabo por motivos de seguridad nacional. “Ninguna potencia mundial puede negar que ha intentado realizar esta actividad; no reconocen su responsabilidad”, agregó.

Estafas y ataques a infraestructura

Previamente, el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, España, y fiscal sustituto de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Carlos Aránguez Sánchez, expuso:

Durante la pandemia la ciberdelincuencia se incrementó y la tasa de resolución es “extraordinariamente baja”, apenas de 16 por ciento.

Las criptomonedas son una tecnología disruptiva en medios de pago que pronto formarán parte de la vida cotidiana. Una de sus ventajas es que permite programar que el dinero sea utilizado sólo para determinados fines.

Recalcó que la capacidad de mantener el anonimato en este tipo de pagos y realizarlo a distancia, lo hacen la zona idónea para cometer delitos. “Nadie conoce tu identidad: puedes contratar un sicario para que mate a tu vecino, comprar pornografía infantil o los datos de tarjetas de crédito. Si lo pagas con criptomonedas, cierras el círculo; sobre todo, si el bien ilícito no tiene que pasar al mundo real”.

Aránguez Sánchez relató que durante la pandemia en España se emitieron mensajes agresivos para que la gente invirtiera en este tipo de monedas con ideas como: “Pon tu dinero a trabajar”, y se realizaron estafas piramidales que se estima superan los mil millones de euros.

En su oportunidad, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, María Concepción Gorjón Barranco, planteó que hay quienes afirman que hoy se libra la Tercera Guerra Mundial en el ciberespacio y se basa en ciberataques a infraestructuras críticas como los sistemas informáticos de servicios de salud, energía, aeropuertos, entre otros.

Son numerosos los softwares maliciosos que existen para realizar el acceso remoto, la saturación de ordenadores para que los usuarios legítimos no puedan utilizarlo, redirigir a otras páginas, entre otras prácticas que llevan a la necesidad de hablar de la sociedad del riesgo y de proteger bienes jurídicos colectivos.

La ciberseguridad, dijo, es un campo desarrollado por los estados, pero los ciberdelitos se cometen con facilidad porque en el ciberespacio no existen barreras geográficas ni el Estado-Nación; predomina el anonimato que limita la posibilidad de controlarlo.