* En espera, la iniciativa del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del instituto regulador
Ciudad de México.- El Senado de la República alista en comisiones la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio. Buscan enriquecer el dictamen con las propuestas y sugerencias de todos los grupos parlamentarios.
El dictamen describe la extinción de dominio como la pérdida de los derechos sobre los bienes incautados por la autoridad a delincuentes, sin contraprestación ni compensación alguna para su dueño ni para quien se ostente o comporte como tal.
Se aplicará para hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
La extinción de dominio se ejercerá mediante una sentencia dictada por un juez. Para dichos efectos, el Poder Judicial de la Federación y las entidades federativas contarán con juzgados especializados en la materia.
Adicionalmente, propone la creación de un Fondo Federal que lleve a cabo la labor de administrar, rehabilitar, aprovechar y monetizar los bienes sujetos, que serán destinados a programas sociales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, encargados del análisis del anteproyecto de dictamen, se declararon en sesión permanente, pues están a la espera de recibir una iniciativa por parte del Ejecutivo Federal para cambiar el nombre del órgano regulador a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que sustituirá al Instituto Nacional para la Administración y el Destino de Bienes, propuesto originalmente.
Dicho instituto realizará las funciones que actualmente tiene el Servicio de Administración y Enajenamiento de Bienes. El anteproyecto sobre el que trabajan las y los senadores busca expedir la Ley Nacional de Extinción de Dominio y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y la de Concursos Mercantiles.
