* 30 de octubre fecha límite para determinar procedencia o no de desaparición de poderes
México, DF., 21-oct-2014.- El Senado de la República amplió el plazo para que la Comisión de Gobernación resuelva sobre la petición de senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para realizar la declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, luego de la desaparición de estudiantes normalistas en Iguala.
La asamblea acordó que el órgano legislativo tenga a más tardar el 30 de octubre para determinar si procede o no la desaparición de poderes en ese estado como lo estipula la fracción V del artículo 76 de la Constitución.
Se ampliaron las facultades del grupo plural, que da seguimiento a los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala los días 26 y 27 de septiembre, para que realice las actuaciones pertinentes tanto en la capital del país como en el estado de Guerrero.
Asimismo, para cotejar la información documental enviada por los titulares de los poderes Legislativo y Judicial locales y verificar el ejercicio y funcionamiento de los poderes públicos en el estado.
Al presentar el acuerdo, la senadora Cristina Díaz Salazar, presidenta de dicha Comisión, explicó que se convino entre todos los grupos parlamentarios dar un mayor tiempo al grupo plural, con el propósito de continuar el análisis de la situación que se vive en esa entidad.
Indicó que este órgano de trabajo se ha hecho llegar de documentos públicos, a través de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial del estado, a fin de determinar si se encuentran totalmente integrados y en ejercicio de sus funciones constitucionales.
No obstante, precisó, la Comisión consideró que ante la realidad política y social que se vive en Guerrero es necesario hacer una revisión in situ para constatar los datos con los que cuentan y que derivan del análisis doctrinal y que fue enviada.
Dejó en claro que el papel del Senado de la República se constriñe en conocer del hecho de la desaparición de poderes y hacer la declaración respectiva para tomar las medidas que la Constitución prevé, a efecto de permitir al estado volver a la normalidad institucional a la brevedad posible.
Por la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el senador Arturo Zamora Jiménez, hizo un llamado a todos los grupos parlamentarios para deplorar la actuación del Ejecutivo estatal “y lo invitamos a que en un acto de responsabilidad política, considere seriamente presentar su renuncia al cargo, para contribuir de esta manera al restablecimiento de la paz social en el estado de Guerrero”.
Manifestó que el fallecimiento de seis personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, es producto de la falta de garantías del gobierno local para proteger los derechos de asociación, expresión de ideas, libre tránsito, integridad personal y el derecho fundamental a la vida.
Opinó que las circunstancias particularmente graves de inseguridad, aunadas a la debilidad institucional y la ausencia de autoridades locales, han ocasionado un estado de ingobernabilidad que hizo necesaria la intervención contundente de las fuerzas federales en ese territorio.
Enfatizó que existen claros motivos para determinar que el gobernador –Ángel Heladio Aguirre Rivero- ha omitido el cumplimiento de sus funciones constitucionales y ocasionado un vacío de poder en la entidad, por lo que “no hay posibilidad alguna de que avancemos en la solución mientras permanezca en el cargo”.
El senador del PAN, Héctor Larios Córdova, manifestó que la desaparición de poderes es una manera de darle cauce institucional a este problema y resolver el conflicto social, “porque hay un enorme encono en la sociedad que estas acciones han generado”.
Dijo que este tema no es una cosa menor, sino un asunto de enorme trascendencia en el país, “pues no puede resolverse sobre las rodillas la desaparición o no de los poderes”.
Es necesario conocer con detalle lo que sucedió, quiénes lo ordenaron y ejecutaron, porque no es un tema sencillo encontrar que las policías municipales entreguen aparentemente a organismos de la delincuencia organizada a los estudiantes, expresó.
En el PAN esperamos que el gobernador acepte la invitación a reflexionar sobre abandonar el cargo, “que ostenta, pero no ejerce, y que es indispensable para reconducir la vida institucional de Guerrero”, puntualizó.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Alejandro Encinas Rodríguez, expresó que se tiene que asumir que este acto de barbarie y terror es uno de los hechos más graves y lamentables en la historia del país, que pone en evidencia la debilidad de la autoridad municipal, de Guerrero y del Estado mexicano, así como el proceso de descomposición que viven las instituciones responsables de garantizar la seguridad pública.
Destacó que esta crisis es algo que no se puede seguir escondiendo o tratar de delegar sólo a la responsabilidad de los estados, cuando en gran medida el problema que detona es la operación de la delincuencia organizada, vinculada con actividades de narcotráfico.
He sido muy crítico en mi partido y he insistido en que las investigaciones vayan a conocer el alcance y la penetración del alcalde de Iguala y de este grupo delictivo en la estructura orgánica del PRD y si hubo financiamiento a alguna corriente, dirigente o campaña, subrayó el legislador perredista.
Tenemos una crisis profunda de nuestra vida institucional que con deslindes no se va a resolver, queremos una investigación a fondo caiga quien caiga, puntualizó Encinas Rodríguez.
Por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el senador Carlos Alberto Puente Salas, consideró que en esa entidad se requiere un gobernador fuerte, sólido, que cuente con el respaldo social y la legitimidad para encabezar el esfuerzo de reconstruir al estado.
En las condiciones actuales, dijo, el titular del Ejecutivo estatal “no se encuentra en las mejores condiciones” para cumplir con este propósito, pues la legitimidad con la que llegó a la gubernatura se ha erosionado gravemente a partir de los actos violentos que se registraron en el municipio de Iguala.
Ante estos acontecimientos, enfatizó, “el gobernador del estado debe de entender que se requiere un cambio de rumbo para que la gobernabilidad y el respeto al Estado de derecho regresen a Guerrero”, por lo que, “nos pronunciamos para que en un acto de responsabilidad política presente su solicitud de licencia para separarse de su cargo”.
“Nos pronunciamos por el fortalecimiento de las instituciones y consideramos que la permanencia del gobernador contribuye a su debilitamiento, genera mayor desconfianza e impide una expedita impartición de justicia”, expresó.
El senador Manuel Bartlett Díaz destacó que a tres semanas de que ocurrieron los hechos de Iguala “no ha pasado nada” y la angustia de los familiares de los normalistas, así como la indignación en el país se sigue incrementando.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) enfatizó que el Senado de la República tiene que actuar con una gran responsabilidad porque de lo contrario “vamos a seguir diluyendo” al Estado en la corrupción e ineficacia en la que se encuentra.
Mencionó que tanto el gobierno estatal como el federal son responsables de lo que acontece en esa entidad, pero de acuerdo con la Constitución, el presidente de la República tiene como obligación preservar la seguridad nacional y garantizar las condiciones de gobernabilidad, paz y desarrollo en todo el territorio frente a los factores externos e internos que alteren la convivencia social.
