El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Rubén Vasconcelos Méndez, destacó que este órgano trabaja para regular un esquema jurídico institucional adecuado para la eliminación de la venta de menores, trata de blancas y violaciones, así como apoyos a niños en situación de calle.
Durante el acto inaugural, precisó que las necesidades de los niños se transforman en derechos y en obligaciones del Estado para ser satisfechas, por lo que se confecciona un sistema jurídico constitucional para el sistema institucional a favor de los menores.
Ante representantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas y Oaxaca, Adriana Bustamante Castellanos y Shomara Solís García, respectivamente, Vasconcelos Méndez abundó que el Foro Oaxaqueño de la Niñez integra a 16 organizaciones de la sociedad civil, el cual ha da atención a 40 mil niños de zonas urbanas y rurales.
En este foro, que concluye este viernes 8 de abril, se presentan siete mesas de trabajo con especialistas de diversas instancias federales, estatales y municipales, grupos y asociaciones civiles, legisladoras y académicas, así como representantes de la UNICEF en México, que imparten ponencias sobre la defensa de las garantías de los menores.
La directora del Sistema Estatal DIF, María de Fátima García León, destacó por su parte que el resguardo a las garantías de la niñez es mejor si se comparte con responsabilidad entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil.
Ante la comisionada de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Eréndira Cruzvillegas Fuentes y la presidenta del Foro Oaxaqueño de la Niñez, María Antonieta Peña García, señaló que en este foro se discute, difunde y propone el conocimiento de los derechos de los infantes y los mecanismos existentes para lograr una mejor protección y defensa de los mismos.
Es importante, dijo, que los objetivos para el desarrollo infantil puede lograrse mejor si se protegen sus derechos a la salud, la educación y la protección a la igualdad, la cual debe ser una función central para el bienestar colectivo, como lo establece la Carta Universal de los Derechos Humanos para vivir en paz, igualdad, dignidad, tolerancia, libertad y solidaridad.
