* El gobierno federal impulsa una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios
México, DF., 06-dic-2014.- El senador Alejandro Encinas Rodríguez señaló que la aprobación de la Ley sobre “Movilidad Social” fue un acto de falta de sensibilidad ponerla a consideración de los legisladores precisamente en medio de las multitudinarias manifestaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La iniciativa, agregó, fue rescatada de forma sorpresiva por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), después de que fuera avalada el 24 de abril pasado por la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con 292 votos a favor, una abstención y 100 en contra, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 2 de diciembre las reformas a los artículos 11 y 73 de la Constitución, con lo que supuestamente se otorgaría el derecho de movilidad universal a toda persona, asegurando los principios de igualdad accesibilidad, disponibilidad y sustentabilidad.
Para el Legislador estos cambios a los artículos 11 y 73, en donde “el Estado garantizará el derecho de toda persona a la movilidad”, en realidad pueden ser utilizados como “coartada” para limitar el derecho a la libre manifestación y acusó que con estos trapicheos se abre la puerta a una justificación para ejercer represión.
Hizo referencia a las declaraciones de Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19 quien manifestó que “no es el momento político para aprobar este dictamen, pues con estas medidas se extiende la crispación social. El activista hace énfasis en que México enfrenta una crisis de Estado, por lo que la ciudadanía debe ser consciente y responsable y cerrar el paso a toda tentación de reprimir las manifestaciones sociales pacíficas, que en estos días se registran en las calles de todo el país”, concluyó.
Encinas Rodríguez también abundó que con esta ley se podrían frenar las movilizaciones por la vía de la “justicia” y los actos legítimos de protesta se pueden coartar; enfatizó que en este escenario de inconformidad no se puede frenar el descontento social con cambios de esta índole a la Constitución Política.
Subrayó que el titular del ejecutivo federal ha criminalizado la protesta social desde su gobierno en el Estado de México. La represión en Atenco fue una muestra contundente de su manera de atender los reclamos sociales.
El 1 de diciembre de 2012 inició su gobierno con detenciones arbitrarias, justificadas por el “vandalismo” de presuntos anarquistas. A esta jornada le siguió la criminalización de las protestas de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que se extendieron durante casi todo 2013.
Ahora, frente a la crisis de Ayotzinapa, vuelve a reproducir la misma estrategia al infiltrar las movilizaciones pacíficas con provocadores y generar miedo y persecución contra los disidentes y ciudadanos en general lo que lejos de atender y mitigar la protesta social, ésta ha crecido.
El “decálogo” del pasado 27 de noviembre demostró que el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene soluciones ni propuestas nuevas para enfrentar la penetración del crimen organizado en los cuerpos de seguridad de todos los niveles. Propuso lo mismo que se rechazó durante el sexenio de Felipe Calderón. Y, algo peor, impulsa una reforma violatoria del artículo 115 sobre la autonomía de los municipios, refirió el legislador.
La iniciativa de Peña Nieto para reformar siete artículos de la Constitución con el objetivo de crear un “nuevo sistema policial” y legalizar la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones municipales, son evidentes cambios “anticonstitucionales” que violan la autonomía municipal.
Es mentira que el problema principal sea municipal. No es un fenómeno exclusivo del municipio, es un problema del Estado mexicano, de los tres poderes de la unión, sentenció el Senador por el Estado de México.
Hizo referencia al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se firmó en 2008, el cual contiene 74 compromisos, de los cuales, hay puntos en los que no se avanzó durante los últimos seis años, como la disminución del secuestro a través del trabajo de las Unidades Estatales; tener una cédula de identidad o depurar en tiempo los cuerpos policiales.
Entre los firmantes de ese Acuerdo, además del presidente -en ese entonces, Felipe Calderón-, estuvieron secretarios de Estado, gobernadores -entre ellos Peña Nieto como mandatario del Estado de México-, los presidentes de las organizaciones municipales del país, representantes de medios de comunicación, de sociedad civil, de sindicatos y organizaciones campesinas, de grupos empresariales y religiosos.
En ese entonces, el primer compromiso fue “Depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia” lo que incluyó la creación de un modelo de evaluación y control de confianza y que las policías del país se mantuvieran bajo “evaluación permanente”.
Seis años después, 46 mil policías de todo el país no pasaron los controles de confianza, la organización civil “Causa en Común” denuncia que 42 mil 214 que reprobaron siguen trabajando, por lo que consideran que este punto básico del Acuerdo no se cumplió en términos reales.
Por si fuera poco, las policías estatales tienen sus propios problemas de confianza ante la ciudadanía. La ENVIPE 2014 nos muestra que en la mayoría de los estados más del 50 por ciento la población considera que la policía estatal es corrupta. Los peores son el Distrito Federal (que ya cuenta con mando único) y el Estado de México en donde el 87 por ciento de la población considera que sus policías estatales son corruptas.
El senador denunció que es preocupante que el ejecutivo federal intente debilitar a los ayuntamientos con la desaparición de poderes, porque eso es lo peor que le podría pasar a una nación que se dice república federal. Un Estado democrático debe investigar a sus servidores públicos y sancionar los excesos, errores, fallos y tropiezos.
Cuestionó el hecho de que se habla de policías bien pagados, pero ¿Y de dónde van a salir los recursos para los sueldos “bien pagados” de los miles y miles de policías de los 32 mandos únicos?, eso por un lado. Por el otro, existen más preguntas al respecto ¿A dónde van a parar los miles de policías echados, que ya son parte del crimen, pero con licencia oficial?.
Encinas Rodríguez cuestionó que las medidas que buscan focalizar el problema de la inseguridad y la infiltración del gobierno en Guerrero, no deberían ser las únicas cuando problemas de tal magnitud existen en muchas otras partes del país.
También recalcó que la propuesta de un número de emergencia para hablarle a la policía, resulta incongruente cuando no propone cómo reformarla, regularla y profesionalizarla.
Al respecto de la Clave Única de Identidad, refirió que resulta una medida improcedente cuando el país carga con más de 22 mil desaparecidos, pues no se han tomado cartas en el asunto para impulsar la investigación de miles de desapariciones forzadas que han sido denunciadas en los últimos años, concluyó.
