* La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana podrá participar en las tareas de investigación de delitos
Ciudad de México.- La Cámara de Senadores aprobó en lo general y en lo particular la reforma al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) coordinará el Sistema Nacional de Inteligencia y las acciones de colaboración de los tres órdenes de Gobierno en materia de seguridad. Envió el proyecto a la Cámara de Diputados.
Al respecto, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, expresó que el proyecto dota de herramientas jurídicas a las instituciones de seguridad pública en el país; pero, subrayó que también es necesario “meterle mano” a las fiscalías, ministerios públicos, defensorías de oficio, a los servicios periciales y a todo el engranaje que conforma la responsabilidad del Estado mexicano para atender la procuración de justicia y la seguridad pública.
En tanto, Francisco Javier Ramírez Acuña, del PAN, indicó que la reforma busca redefinir, ajustar y optimizar el marco constitucional en materia de seguridad pública, porque “la situación de violencia que enfrentamos hoy en el país es crítica”, y exige soluciones puntuales e inmediatas, así como decisiones responsables y cuidadosamente balanceadas.
Rolando Zapata Bello, del PRI, refrendó el voto a favor de su grupo parlamentario y afirmó que va acompañado de la voluntad política e institucional en esta apuesta por la seguridad, porque “en la lucha contra la inseguridad siempre debe haber espacio para la unidad nacional y ninguna grieta por donde se cuele el egoísmo político”.
Del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo dijo que con esta reforma la SSPC asumirá un papel más activo, al poder coadyuvar en la investigación de delitos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, señaló la importancia del Sistema Nacional de Inteligencia, porque servirá para prevenir amenazas a la seguridad pública.
En su turno, Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo, destacó que el proyecto para fortalecer a la SSPC con nuevas facultades representa una política de Estado, la cual se centra en las tareas de investigación para prevenir y enfrentar los actos delictivos, además de contribuir a desmantelar las estructuras criminales.
José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, se pronunció porque la iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, signifique un “cambio de timón en la estrategia de seguridad por un modelo que frene la militarización y fortalezca el papel de las policías civiles en los tres órdenes de Gobierno”.
Lilly Téllez, del PAN, indicó que la declaración del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, en torno a la seguridad en el país ha cimbrado a México y a Latinoamérica. “Dejó claro lo que todos sabemos, que la política de abrazos no balazos no funcionó. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue proteger a los criminales y hacerlos sus socios”, destacó.
Al respecto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Morena, argumentó que el embajador de Estados Unidos “no entiende” sobre las políticas sociales que se han implementado en los últimos años, ni de los resultados positivos que se han obtenido en materia de seguridad, gracias a lo cual, aseguró, se ha disminuido en 70 por ciento la tasa de secuestros.
En lo general, la reforma fue aprobada con 119 votos. En lo particular, la asamblea avaló una modificación presentada por Óscar Cantón Zetina, de Morena, para modificar el décimo tercer párrafo del Artículo 21 de la Constitución, únicamente para que diga: “la persona titular de la Presidencia de la República”, en sustitución de “la persona presidenta de la República”, misma que fue aprobada por la Asamblea.
Además, presentaron reservas para modificar el Dictamen Jorge Carlos Ramírez Marín, del PVEM; Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano; Anabel Ávalos Zempoalteca, Cristina Ruíz Sandoval, Claudia Edith Anaya Mota, Ángel García Yáñez, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Mely Romero Celis, del PRI.
Por Acción Nacional Ricardo Anaya Cortés, Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo, Susana Zatarain García, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Araceli Sandoval Ortiz, Ivideliza Reyes Hernández y Mario Humberto Vázquez Robles también presentaron reservas, pero no fueron aceptadas por la asamblea, por lo que el Dictamen fue aprobado en lo particular con 122 votos a favor.
