* PAN, PRI, PRD y MC abandonaron la reunión extraordinaria
* Morena y PT expresaron su disposición de seguir dialogando
Ciudad de México.- Con la ausencia de los senadores de oposición, integrantes de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Trabajo (PT) aprobaron en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, el dictamen que crea la Guardia Nacional. Este martes se dará entrada del dictamen al Pleno y se espera su discusión el próximo jueves.
Al inicio de la sesión, los senadores Dante Delgado (MC); Miguel Ángel Mancera (PRD); Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Julen Rementería del Puerto (PAN), propusieron que las comisiones dictaminadoras se instalarán en sesión permanente y decretaran un receso, a efecto de seguir construyendo acuerdos en la mesa de negociación que se instaló horas antes.
Al responder a las peticiones, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, senador y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que esta reunión tenía como objetivo seguir con el trámite legislativo de la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
No obstante, aclaró que se continuará con la redacción del dictamen en la mesa de negociación previa, instalada con los coordinadores de los grupos parlamentarios para su posterior discusión en el Pleno.
Pidió seguir con el acuerdo político alcanzado, antes de esta reunión de comisiones, “para que estemos en condiciones de seguir avanzado”. En el Pleno se dará la discusión e indicó que hay un avance del 70 por ciento en las propuestas hechas por los distintos grupos parlamentarios.
La propuesta de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) fue rechazada por la mayoría de los integrantes, por lo que senadores de esas bancadas se retiraron de la reunión extraordinaria.
Después de esta salida, las y los senadores Nancy de la Sierra (PT), así como Félix Salgado Macedonio, Salomón Jara Cruz, José Narro, José Peña Villa, Martha Lucía Micher y Jesusa Rodríguez (Morena), destacaron la necesidad discutir, dialogar y convencer, respecto de este tema pero, sobre todo, responder a la demanda de los ciudadanos.
Coincidieron que el país vive una emergencia que requiere de una estrategia de seguridad urgente, que cuente con un marco jurídico para salir adelante. Más del 80 por ciento de la sociedad ha expresado su respaldo a la Guardia Nacional, pues consideran indispensable tener un instrumento que le genere confianza, paz y tranquilidad.
Ya sin representantes de la oposición, los presentes aprobaron el dictamen respectivo.
* Modificaciones realizadas, respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados
El dictamen que se aprobó en esta reunión destaca que la Guardia Nacional será una institución meramente de carácter civil, responsable de la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas, los bienes y recursos de la Nación.
En los cambios realizados por las comisiones, destaca uno al artículo 21 de la Constitución para fortalecer el carácter civil de Guardia Nacional. Se adicionó también que, entre sus responsabilidades, tendrá “la preservación de la paz pública y el orden”.
Prevé que la estructura orgánica de dirección tendrá una Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de Seguridad, Defensa Nacional y Marina. Este órgano tendrá carácter meramente civil y se precisa que la dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional así como los programas operativos, políticas, estrategias y acciones.
En tanto, la Defensa Nacional homologará la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, profesionalización. A estas tareas se incluyó la educación y capacitación, como elementos esenciales de las obligaciones de la Guardia Nacional, a los que se aplican en el ámbito de las Fuerzas Armadas.
Plantea que la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional se regirán por una doctrina policial fundada en la disciplina, el acatamiento de las órdenes superiores y el respeto a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
Las comisiones dictaminadoras consideraron facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes sobre la organización, disciplina y profesionalización de la Guardia Nacional; la ley para el uso legítimo de la fuerza garantizando el respeto de los derechos humanos. Además, se suprimió de la minuta la creación de la Ley General del Registro de Detenidos.
Se ampliaron las atribuciones del Senado de la República para que analice el informe anual que el Presidente de la República presente sobre las actividades de la Guardia Nacional. Se elimina la atribución de la Comisión Permanente para prestar su consentimiento para el uso de este cuerpo de seguridad.
Asimismo, plantea facultar al presidente de la República para disponer de la Guardia Nacional para la seguridad pública, la protección civil y en casos de urgencia, para preservar seguridad nacional, seguridad interior y defensa del exterior de la Federación. Lo anterior a diferencia del texto propuesto en la minuta de la colegisladora, la cual derogaba esta facultad.
En los transitorios se estableció que el Congreso de la Unión expedirá la Ley de Guardia Nacional dentro de los 90 días siguientes de la entrada en vigor del Decreto.
Se añadió, también, que la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval mediante acuerdos de carácter general que determine el presidente de la República.
La Guardia Nacional asumirá las funciones previstas en la Ley de la Policía Federal con la gradualidad que se requiera para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan.
De igual forma, se aprobó que el Ejecutivo Federal disponga de lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designe a los integrantes de los órganos de dirección superior de dicha corporación.
Se establece que, los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros de la Fuerza Armada permanente asignados a la Guardia Nacional conservarán su rango y prestaciones, la ley garantizará que cuando un elemento sea reasignado a su cuerpo de origen respetarán los derechos con que contaba al momento de ser asignado, así como el reconocimiento del tiempo de servicio para efectos de antigüedad.
Las comisiones dictaminadoras precisaron que la colaboración de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública seguirá, hasta en tanto no se integre la Guardia Nacional.
