Por mayoría de votos, el pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2011, por un monto de 42 mil 50 millones 821 mil ocho pesos, además turnaron una reforma para precisar el contenido de las equivalencias de los títulos y cédulas profesionales necesarios para ostentar el cargo de titular de una secretaría de estado o de sus órganos auxiliares

El presupuesto aprobado es congruente con los ingresos del Estado y las reformas constitucionales propuestas por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, para establecer un tope de sueldo máximo anual a los servidores públicos o funcionarios de los tres niveles de gobierno y que las remuneraciones sean públicas.

En sesión ordinaria, realizada el miércoles, bajo la moderación de la presidenta de la mesa directiva, diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del PAN, los legisladores avalaron la segunda parte del paquete fiscal 2011, relativo a los gastos del Estado, a través de los dictámenes de la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación sobre el Presupuesto de Egresos y el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad, con 36 votos a favor y tres en contra.

Al respecto, el presidente de dicha comisión, diputado Francisco Martínez Neri, del PRD, destacó que se hicieron cambios a varios artículos, al 2 para que se incluya la realización por parte de las entidades ejecutoras de gasto; al 5 para que el ejercicio del gasto sea claramente medido por la obtención de resultados; al 13 para que el enfoque de resultados sea una facultad precisa; al 17 para que se incluya información desagregada, entre las principales.

Respecto al Presupuesto de Egresos puntualizó que en coincidencia con el mandatario estatal se estableció que el Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ejecutará siete programas sociales con un monto inicial de mil millones de pesos en apoyo a las jefas de familia desempleadas, becas para jóvenes de nivel superior, entrega de paquetes de útiles escolares a alumnos de escuelas públicas de nivel primaria, pensión alimentaria para adultos mayores de setenta años y más, prevención al virus de papiloma humano, entrega de uniformes a alumnos de escuelas públicas y apoyo a discapacitados.

Asimismo, resaltó que ante la necesidad de transparentar y detallar el gasto se estableció que la Secretaría de Finanzas informará a su comisión el monto correspondiente a cada dependencia y entidad identificando el gasto corriente y de inversión de cada una de ellas, así como sus actividades y metas en el mes de julio del 2011 y se introdujo un artículo transitorio para establecer una mesa interinstitucional con el propósito de facilitar el acceso a programas sociales y productivos, a los que tendrán prioridad los ex braceros y los defraudados por cajas de ahorro, entre otros aspectos.

Respecto a las modificaciones constitucionales a los artículos 61, 113 y 138, presentadas por Cué Monteagudo en acato al mandato de la Ley Suprema de la Federación y extender su espíritu a la entidad se eleva a rango constitucional la obligación de establecer las remuneraciones de todos los servidores públicos a partir de tabuladores debidamente desglosados y un tope de sueldo máximo anual, en los respectivos presupuestos de egresos.

La transcendencia de la medida radica en que en estos tabuladores deberá especificarse todo los elementos fijos y variables de las percepciones de los funcionarios, ya sean que se otorguen en efectivo o especie, detalló el presidente de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, diputado Alejandro Jarquín Gómez, del PRD, al explicar en tribuna la iniciativa que fue aprobada con 29 votos a favor en lo general y en lo particular.

El diputado Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, del PAN, propuso al pleno legislativo una modificación al artículo 14 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para hacer más preciso el contenido de las equivalencias de los títulos y cédulas profesionales necesarios para ostentar el cargo de titular de una secretaría de estado o de sus órganos auxiliares, el cual fue turnado para su estudio a la Comisión Permanente de Administración de Justicia.

La adición establecería que el aspirante deberá “contar al menos con título, cédula profesional o constancia que avale experiencia, honorabilidad, así como el correcto ejercicio del desempeño laboral por el cual ha adquirido los elementos necesarios para desempeñar el cargo conferido”. Alude la Ley Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en concordancia con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución federal y la particular del Estado.

El legislador, al explicar su propuesta en tribuna, indicó que así como está redactada no importan los conocimientos generales y las máximas de las experiencias obtenidas a lo largo de la vida de un funcionario, pues de manera limitativa y no enunciativa violan por completo el principio de igualdad, consagrado en el artículo 1 de la Carta Magna.

A la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales fueron turnadas dos iniciativas, una enviada por el secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Unión, Emilio Suárez Licona, relativo al proyecto de reforma a los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política federal y el proyecto propuesto por los integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Agrarios, a fin de modificar la Constitución política local en sus artículos 79 y 91 para crear la Coordinación General de Asuntos Agrarios.