Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
Lo expresado por Arturo Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ante la Comisión Legislativa de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán, durante del desalojo del pasado 19 de junio, ha desatado los demonios en su contra, por lo que el delegado del IMSS en Oaxaca, Juan Díaz Pimentel, a través de un boletín de prensa lo califica de “doloso e infundado”, y asegura que se atendió oportunamente a todas las personas que solicitaron atención médica.
El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su escrito señala que Peimbert Calvo “en la reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Legislativa, expresó que la Policía Federal tomó el control e impidió al personal médico atender a la población civil y a los maestros, en ese sentido la Delegación Estatal del IMSS rechaza categóricamente tal señalamiento”.
Aunque el titular de la DDHPO en su intervención ante diputados y senadores dijo que: “en los hospitales, la PF tomó el control e impidió al personal médico atender a la población civil y a los maestros. Fue en varios hospitales y tenemos un oficio que nos escribe el propio IMSS explicándonos esta situación; es gravísima. A los lesionados se les acosó, se les intimidó y persiguió”.
La intervención de Díaz Pimentel en los hechos de Nochixtlán, no es nueva, ya que el pasado 22 de junio, a tres días de la masacre, declaró que una de las balas encontradas a Luis Martínez Martínez, herido el 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, corresponde a un arma calibre 22, paciente que fue atendido en el Hospital Regional de Huajuapan de León por el médico cirujano Gustavo Barragán.
Por ser este paciente herido en un hecho investigado por las autoridades, y más aún por ser resultado de un acontecimiento de alto impacto, el funcionario federal debió guardar secrecía sobre la información que tenía del paciente, porque pareciera que el IMSS o él tienen particular interés en los mismos.
El boletín de prensa de la Delegación del IMSS, no se explica tampoco sin el visto bueno del director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, quien tomó protesta como tal en febrero pasado, lo que indica que todo el aparato del gobierno federal está volcado a proteger la actuación de los policías estatales y federales, que participaron en la barbarie de Nochixtlán.
Arriola Peñalosa pertenece al establo del poderoso secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, grupo del que forma parte Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública (SEP), que en su torpeza política y estilo autoritario ha incendiado al país, que lo tiene al borde del colapso.
La intervención de Díaz Pimentel, para descalificar el reporte, no de Peimbert Calvo, sino de la Defensoría, sólo viene a enrarecer aún más el ambiente social de Oaxaca y alentar sospechas que algo más se buscaba en aplastar al pueblo indígena de Nochixtlán.
También hay que recordar que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, ante diputados y senadores que integran la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochixtlán, denunció que la Fiscalía General de Oaxaca “se ha negado a entregar a la CNDH la información que le ha solicitado, relacionada con los ocho homicidios, y la Procuraduría General de la República (PGR), al pedirle un informe, primero respondió que ‘no contaba con información”.
Es decir que observamos una respuesta de Estado, donde dependencias de los gobiernos estatal y federal, actúan en un sólo sentido, para entorpecer las investigaciones sobre la masacre de Nochixtlán, que a más de un mes de perpetrada sólo hay confusión, al parecer con la clara intención de que nunca se sepa la verdad.
Así ha pasado en otros actos de barbaríe en el país, como el de la matanza ocurrida en Tlatlaya la madrugada del 30 de junio de 2014, donde dieron muerte a 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, a manos de elementos del Ejército Mexicano. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.
Asimismo, los hechos de Apatzingán, donde el 6 de enero de 2015, policías federales ejecutaron a civiles desarmados, con un saldo de al menos 16 muertos y decenas de heridos. Por ello, no creemos que en los hechos de Nochixtlán las autoridades de los gobiernos involucrados tengan la voluntad de esclarecerlos y castigar al o los responsables, exigencia que tiene que ser de las y los ciudadanos.
@MiguelAschulz
