Entrelineas
Miguel Ángel Schultz
La ejecución del profesor Baldomero Enríquez Santiago, cometida por un sicario que le asestó varios disparos de pistola, al momento de extenderle la mano para saludarlo, viene a revivir la historia del ataque armado más importante cometido por la guerrilla en Oaxaca, el 28 de agosto de hace ya casi 20 años y que involucra a personajes activos en el mundo de la política de Oaxaca.
Enríquez Santiago, al momento de su muerte, era jefe de Zona de Educación Indígena en San Pedro Pochutla, fue asesinado a sangre fría el pasado lunes, minutos antes de la 10 de la mañana, dentro de las instalaciones de la Supervisión Escolar de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), ubicadas en el mercado “2 de Octubre” del municipio de San Pedro Pochutla. Decenas de personas escucharon los disparos, otras más fueron testigos del crimen, cuyo autor se retiró del lugar sin ninguna prisa.
Este 2016 se cumplirán 20 años de la irrupción armada del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca, que en un operativo de gran envergadura, efectuado el 28 de agosto de 1996, atacó diversas instalaciones policiacas, Navales, del Ejército y de la Fuerza Área, tanto en la ciudad de Oaxaca, como de Tlaxiaco y Huatulco, hechos que dejaron un saldo oficial de 16 muertos y una decena de heridos.
Ataques armados que continuaron, así el 31 agosto de 1996, en la localidad de San Mateo Piñas, en la Sierra Sur, se da un enfrentamiento de elementos del EPR con el Ejército Mexicano, en la ranchería La Perdiz, donde mueren dos soldados y un civil; el 31 de octubre en el puente de Macuilxóchitl, Tlacolula, sobre la Carretera Internacional “Cristóbal Colón”, donde se registra un ataque del EPR y policías preventivos, donde mueren cinco policías.
El crimen de Enríquez Santiago revive la historia de ese ataque armado del EPR, ya que el ahora funcionario de educación, había sido detenido el 31 de enero de 1997, al ser considerado por las autoridades de justicia, como uno de los responsables de los hechos violentos de 1996.
El profesor sacrificado actualmente promovía acciones de conservación de los bosques de la región de Los Loxicha. Su inquietud política lo llevó a participar como candidato a presidente municipal de San Agustín Loxicha, que se rige por el sistema de usos y costumbres, en las elecciones en el año 2013, como candidato de la planilla Morada, cuyo lema fue “Por el Rescate de San Agustín Loxicha” y pensaba volver a participar en los comicios de su municipio de indígenas zapotecas, cuando lo alcanzó la muerte.
El EPR forma parte del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), surgió en 1996 a partir de la fusión del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP) fundado en 1978 y del grupo guerrillero Partido de los Pobres, que encabezara Lucio Cabañas; como respuesta a la masacre cometida, el 28 de junio de 1995, de 17 campesinos que fueron asesinados y otros 20 resultaron heridos en Aguas Blancas, Coyuca de Benítez, Guerrero, a manos de elementos del agrupamiento motorizado de la policía de ese estado, quienes sembraron armas a los cadáveres para crear una versión artificial de un supuesto enfrentamiento.
El EPR hizo su primera aparición pública el 28 de junio de 1996 en Aguas Blancas, Guerrero, en la conmemoración de la matanza de los 17 campesinos, cometida por el gobierno de Rubén Figueroa, del PRI, que tuvo que dimitir a su cargo por este hecho, y que fue sustituido por Ángel Aguirre Rivero, quien a su vez, siendo gobernador de Guerrero en 2014, por el PRD, tuvo que renunciar a la gubernatura, por los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
En los operativos implementados por los gobiernos estatal y federal, el primero en manos de Diódoro Carrasco Altamirano y el segundo de Ernesto Zedillo fueron detenidos 152 habitantes, indígenas zapotecos monolingües, algunos profesores de la Sección 22 del SNTE, así como autoridades comunales y administrativas.
Fueron procesados por delitos del fuero federal y común, como homicidio calificado, conspiración, terrorismo, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso y lesiones calificadas, entre otros, a pesar de que el propio EPR no los reconoció como parte de su organización político-militar.
La mayoría de los detenidos fueron liberados, al no comprobarse los delitos que les imputaron, otras más por una ley de amnistía, promulgada durante el sexenio de José Murat.
Organismos locales, nacionales e internacionales han señalado que en la región de Los Loxicha y luego de la irrupción armada del EPR en Oaxaca, se realizaron diversos actos que violentaron el Estado de Derecho, se anularon las libertades individuales consagradas en la Constitución de México y se violaron los derechos humanos, cuyos responsables nunca fueron castigados.
@MiguelAschulz
