* Para que la medida cautelar se aplicara plenamente, era necesario modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes

Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República aprobó, con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, la propuesta por la que se reforman diversas leyes para instaurar la prisión preventiva oficiosa a delitos graves como feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.

Asimismo, esta figura aplicará en delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales, la portación de armas de uso exclusivo del Ejército, los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba.

La propuesta incluye la posibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.

Esta legislación responde a la reforma que fue aprobada a principios de 2019, la cual adicionó dichos delitos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para considerarlos graves y meritorios de prisión preventiva oficiosa.

El segundo transitorio de dicha reforma dictaba que el Congreso debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19.

Con la aprobación de las leyes secundarias se armoniza el marco jurídico para aplicar plenamente la medida cautelar. Además, se precisa en las leyes cuales son los delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y se evitan malinterpretaciones en la impartición de justicia.

La propuesta avalada, reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y en su caso derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

También, a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos; la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el Código Penal Federal; la Ley General de Salud; la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y la Ley de Vías Generales de Comunicación.

Al presentar el dictamen, Ana Lilia Rivera Rivera, senadora presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, invitó a las y los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a poner el “torniquete a la herida que sangra diario por la impunidad y la corrupción”, sobre todo en el sistema de impartición de justicia. No castigar los delitos, es en sí un delito, sentenció.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que era importante dar cumplimiento a la reforma al artículo 19 constitucional, ya que la demora en la regulación ha generado diferencia de criterios entre los juzgadores. Se tenía que regular con toda precisión, porque en materia penal no puede haber interpretación, se tiene que cumplir con un principio de exacta aplicación de la ley, precisó.

Miguel Ángel Lucero Olivas, senador del Partido del Trabajo, expuso que con la reforma a la Ley de Delitos Electorales para imponer prisión de cuatro a nueve años a personas que cometan delitos electorales, como la compra del voto o utilicen recursos públicos para incidir en la intención, “expulsamos del sistema político aquellas prácticas corruptas endémicas del periodo neoliberal”.

En su posicionamiento en contra de ampliar nuevamente los catálogos de delitos que se pueden perseguir con prisión preventiva oficiosa, Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, propuso un Parlamento Abierto en el que participen especialistas, expertos, y organizaciones de derechos humanos para revisar el Código de Procedimientos Penales, y el Sistema Penitenciario. “Con lo que nos están proponiendo es mandar a la universidad del delito a los jóvenes, a las mujeres, a los ciudadanos mexicanos”, advirtió.

Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, refirió que a la fecha hay más de 30 tipos penales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa, sin embargo, algunos no tienen necesidad real de estar en esa lista, como los delitos editoriales, pues basta dictar una medida cautelar para evitar la fuga “porque no se pone en peligro a ninguna víctima”. Consideró que la reforma abona a que se cometan más violaciones a los derechos humanos de los acusados.

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, advirtió que esta reforma podría servir de “herramienta electoral” para el actual gobierno. Esto puede llevar a que un régimen autoritario utilice este tipo de instrumentos legales para oprimir, amenazar, intimidar, desprestigiar o difamar a cualquiera que considere parte de la oposición política o en contra de adversarios del partido oficial, debilitando preocupantemente a la democracia, abundó.

Cristóbal Arias Solís, senador por Morena, dijo que se responde al reclamo de impartición de justicia por la inseguridad, violencia criminal, delincuencia organizada e impunidad, heredada de administraciones pasadas. Los cambios legales que se aprueban, son parte fundamental del proceso de cambio y de transformación republicana de una auténtica impartición de justicia que acabe con la impunidad y corrupción.

Al presentar una moción suspensiva, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, pidió que el dictamen se devuelva a comisiones para que sea reconsiderado, debido a que se violan los derechos humanos, en particular de presunción de inocencia, debido proceso y el derecho personal a la libertad, contrario a lo establecido en tratados internacionales de los que el país es parte y porque no hubo parlamento abierto.

El aumento de las penas, no termina con la impunidad, por lo que se debe fortalecer el trabajo de la Fiscalía, y no recortar el presupuesto. Creer que el aumento de la pena disminuye el delito, reiteró, es el error que se ha cometido en años anteriores y que ha costado mucho. Destacó que la reforma al artículo 19 constitucional fue un error. La moción no fue aceptada.

Claudia Ruiz Massieu Salinas, senadora del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió que el problema de la impunidad en la comisión de los delitos no se va a solucionar con la ampliación de los tipos penales que implican la prisión preventiva de oficio. “Claro que nos preocupa la situación de inseguridad que priva en el país, pero este problema no se va a resolver violentando los derechos humanos”.

En tribuna, la senadora de Morena, Marybel Villegas Canché, expresó que el objeto de las reformas es preservar la seguridad pública en todo el territorio nacional, combatir el crimen organizado y las conductas que laceran a la sociedad. “Para cambiar el paradigma es necesario actualizar los marcos jurídicos que permitan a las instituciones de seguridad ser más eficientes y capaces”.

La reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.