* Considera la autonomía universitaria, el papel de las entidades federativas y la presencia de las instituciones particulares, entre otros aspectos
Ciudad de México.- Las comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados trabajan, en conferencia, en la elaboración del proyecto de la Ley General de Educación Superior, con el propósito de que esté lista en septiembre del presente año.
“Seguramente el ejecutivo nos enviará la Iniciativa correspondiente y, atendiendo a un mandato constitucional, y antes de que concluya septiembre, habremos aprobado la Ley General de Educación Superior que suple a la Ley General de Coordinación Superior”, señaló el senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado.
De esta manera, por primera vez, dijo, se daría una normativa para que las universidades públicas, autónomas y no autónomas, así como todos los subsistemas de educación superior, normales y tecnológicos desarrollen su potencial, afirmó el legislador, después de una reunión a distancia con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.
En la sesión participaron las y los legisladores de las comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, además de coordinadores e integrantes de diferentes grupos parlamentarios.
Indicó que ha sido muy enriquecedor el proceso de revisión del documento de trabajo, el cual recoge el espíritu de la propuesta, ya que se ha tratado de conciliar visiones a veces encontradas, aspectos legislativos y jurídicos.
Destacó que se consideraron las características de la educación superior: desde la autonomía universitaria, la diversidad de los subsistemas, el papel de las entidades federativas y la importante presencia de las instituciones particulares.
Rocha Moya explicó que en la revisión del Anteproyecto de Ley General de Educación Superior, elaborada por la Subsecretaría de Educación Superior con la participación de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), también participa el Congreso.
Además, se consideraron foros y consultas a nivel nacional con todos los sectores involucrados, instituciones y organizaciones de educación superior.
Detalló que, bajo un calendario específico, los involucrados analizaron seis temas: aspectos de educación impartida por particulares y Autonomía Universitaria; Gobernanza y gestión; financiamiento, obligaciones de transparencia y rendición de cuentas; evaluación, acreditación y sistemas de información, así como regulación de las Normales; vinculación con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y lo relacionado con estructura y conceptos.
El documento de trabajo de la Ley General de Educación Superior, presentado hoy, corresponde a la versión del 25 de junio, y contiene nueve títulos, 18 capítulos, 77 artículos y 20 transitorios.
En los puntos que contiene destaca la incorporación de elementos que enriquecen los fines, principios y políticas de la educación superior, y que armonizan lo establecido en la Constitución.
También se hace una distinción entre libertad académica y libertad de examen y libre discusión de las ideas, conforme a lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), así como las aportaciones a los propósitos del Sistema Nacional de Educación Superior y precisiones en los sistemas locales.
Se hacen precisiones para el respeto de la autonomía universitaria, a la incorporación del aprendizaje, el conocimiento, las competencias formativas y las habilidades digitales, además del Registro Nacional de Opciones de Educación Superior, y aportaciones para fortalecer las acciones a efecto de que las instituciones se constituyan como espacios libres de violencia de género y de discriminación hacia las mujeres.
Incorporar aportaciones en las disposiciones sobre la formación docente, en el esquema de evaluación integral de la educación superior y la regulación de la educación impartida por particulares, entre otros aspectos.
Entre las y los diputados que han hecho aportaciones para la elaboración del documento están las y los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES), así como los diputados Cinthya López Castro, Ana Lilia Herrera, Isabel Guerra, Óscar Novella y José Luis Montalvo.
Mientras que por el Senado, lo han hecho: Miguel Ángel Mancera Espinosa, Beatriz Paredes Rangel, Antares Vázquez; María Guadalupe Covarrubias, Marco Antonio Gama, Aníbal Ostoa, Ángel García y María Guadalupe Saldaña.
