* La propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica

Ciudad de México.- Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, que presiden la senadora Mónica Fernández Balboa y el senador Rafael Espino de la Peña, respectivamente, aprobaron un Dictamen mediante el cual se expide una nueva Ley General de Población y se abroga la Ley vigente en la materia, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de enero de 1974.

El nuevo ordenamiento establece las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad, que atienda las causas y consecuencias de la dinámica demográfica.

También tiene el objetivo de regular la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población; así como definir las políticas de movilidad humana y de interculturalidad para salvaguardar los derechos humanos y sus garantías.

El Dictamen fue aprobado por la Comisión de Gobernación, con ocho votos a favor y siete en contra; mientras que la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, lo aprobó con siete votos a favor y cinco en contra.

Establece que el Consejo Nacional de Población es el órgano colegiado encargado de la formulación, emisión, planeación y evaluación de la política de población del país, el cual será presidido por la Secretaría de Gobernación (Segob).

Plantea que las y los ciudadanos mexicanos tendrán la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener una Clave Única de Registro de Población (CURP) con fotografía, el cual servirá como un documento oficial de identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene en relación con su titular.

De acuerdo con el proyecto, la CURP con foto contendrá nombre y apellidos; Clave Única de Registro de Población; fotografía del titular; lugar de nacimiento; fecha de nacimiento; firma y huellas dactilares; y deberá renovarse a más tardar, 90 días antes de que concluya su vigencia; la cual no podrá exceder de 15 años.

El documento precisa que la propuesta está encaminada a afrontar los retos que impone la actual realidad demográfica, dado que tiene un enfoque de derechos humanos y su respeto irrestricto; transversalidad de la política de población; federalismo; perspectiva intercultural; perspectiva de género y de curso de vida; desarrollo sostenible; bienestar social e individual; y promoción de la participación de los órdenes de gobierno en la política de población.

Con la legislación, indica el documento, se buscan reducir los riesgos y potenciar los beneficios del cambio en la estructura por edad y el envejecimiento de la población, dado que con la información estadística y sociodemográfica con enfoque prospectivo que se genere, se podrán generar políticas públicas que atiendan las consecuencias económicas y sociales de este fenómeno y así favorecer un envejecimiento saludable, activo y productivo.

Fernández Balboa expresó que de 1974 a la fecha, la realidad demográfica del país ha cambiado, y por tanto es necesario abrogar la Ley vigente y expedir una nueva Ley General de Población.

“Estimamos que es de suma importancia actualizar el marco normativo que rige al Estado en cuanto a sus leyes, con el propósito de mejorar el sistema que se tiene y adecuarlo a la realidad que se vive”, consideró.

Por su parte, Espino de la Peña dijo que el ordenamiento busca mejorar el sistema actual en materia de población, así como adecuarlo a las nuevas políticas y atender los nuevos desafíos de la estructura y la dinámica poblacional.

“La legislación de 1974 ya no responde a los cambios demográficos y sociales que ha tenido nuestro país en las últimas décadas”, consideró.

María Merced González González, senadora de Morena, indicó que el nuevo ordenamiento busca legislar temas prioritarios de la agenda de población y desarrollo, conforme a los estándares y compromisos internacionales. Además de que la información y estadísticas sociodemográficas se utilizarán para el diseño y formulación de las políticas públicas.

José Alfredo Botello Montes, senador del Partido Acción Nacional, consideró que la propuesta busca imponer un modelo específico de educación de la sexualidad para niñas, niños y adolescentes, “pues centra su atención en los llamados derechos sexuales y reproductivos, los cuales incluso carecen de fundamento jurídico y de consenso nacional, por lo que debe ser desechada, porque contempla una serie de deficiencias jurídicas graves en la fundamentación y contenido”.

La senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que la Ley se tiene que modernizar; pero se debe hacer bajo los nuevos preceptos constitucionales en materia de protección de datos personales y de proporcionalidad de requerimientos de la información, “porque si no están en el supuesto en el que nos encontramos y todos los artículos que se trajeron de la Ley vigente a la nueva propuesta deben ser revisados”.

El senador de Movimiento Ciudadano, Noé Castañón Ramírez, expresó que la recopilación de los datos biométricos implica una serie de gastos que en el documento no se prevén, “entonces no entiendo cómo se van a recopilar, lo que va a provocar es que sea una Ley inoperante por cuestiones técnicas y presupuestarias”.

Del PRD, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa manifestó que acompaña el espíritu de tener una nueva Ley General de Población, que sea adecuada a la realidad del país; sin embargo, precisó que la propuesta debe hacer un rediseño presupuestal para cumplir con la legislación, porque de lo contrario no va a cumplir con su objetivo.