México, DF., 09-dic-2014.- El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, señaló que en la circunstancia actual, “los organismos públicos de derechos humanos tenemos el deber de interpelar a nuestra realidad y pugnar por las transformaciones que sean necesarias para cimentar una sociedad en la que cada persona tenga la posibilidad de vivir plenamente todos sus derechos humanos”.
En su propuesta de 10 puntos presentada a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reunida hoy aquí en su XLI Asamblea General Ordinaria, agregó que “las instituciones que encabezamos pueden jugar un papel relevante en el avance desde las garantías de iure hacia el ejercicio real de los derechos humanos”.
Peimbert Calvo indicó que la creciente protesta social en demanda de justicia, luego de la desaparición de 43 estudiantes normalistas y su, en ocasiones, inadecuado manejo policiaco, establecen un contexto de inestabilidad y violencia no visto en nuestro país al menos en los últimos 46 años.
Ante ello, “necesitamos dejar claro cuáles serán nuestras acciones para que nunca más puedan ocurrir hechos similares como el de Ayotzinapa en el corazón de nuestra sociedad”, reiteró.
A continuación el texto íntegro:
Ayotzinapa: qué nos toca hacer frente a la tragedia
Propuesta formulada por el defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, a la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, reunida en su XLI Asamblea General Ordinaria este 9 de diciembre de 2014 en la Ciudad de México
La coyuntura mexicana está definida hoy por los derechos humanos. Los crímenes de lesa humanidad concurrentes en el ataque policiaco contra estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y que implicó el asesinato de al menos seis personas y la desaparición forzada de otras 43; las cada vez más denuncias acerca de nuevos ataques de corporaciones oficiales contra personas jóvenes; la creciente protesta social en demanda de justicia y su en ocasiones inadecuado manejo policiaco, establecen un contexto de inestabilidad y violencia no visto en nuestro país al menos en los últimos 46 años.
Como respuesta, la Presidencia de la República formuló un plan de diez puntos que sin duda prevé elementos valiosos, pero en el que llama la atención que, para hacer frente a una crisis de derechos humanos, no incluya de manera explícita a los organismos públicos encargados de velar por el cumplimiento de esos principios, lo cual consideramos imprescindible para un cabal abordaje de Estado.
En razón de ello, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca propone a sus homólogos organismos públicos de derechos humanos del país establecer un acuerdo para impulsar medidas conjuntas que, en el ámbito de nuestras competencias, busquen transformar los problemas que dieron origen a la tragedia de Iguala y establecer las condiciones para que no sea posible la reedición de hechos similares.
Se propone que de manera conjunta emprendamos un análisis desde el enfoque de los derechos humanos de los diez planteamientos de la Presidencia de la República en materia de seguridad pública formulados para hacer frente a la crisis desatada por los acontecimientos de Iguala. Del análisis deberá derivarse una agenda de acciones dirigidas a transformar las condiciones que permitieron esta tragedia, y que entre otros puntos puede contener los siguientes:
1.- Impulsar y dar seguimiento a la construcción o mejoramiento de leyes locales sobre tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial, en conformidad con los más altos estándares en derechos humanos y tendiendo a la unificación de los tipos penales. En dichos procesos se debe buscar la participación activa de los tres poderes de cada Estado, de especialistas, así como de personas y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
2.- Dialogar con los partidos políticos sobre la necesidad de eliminar el uso de recursos privados en los procesos electorales, y regular de manera estricta su acceso a medios de comunicación masiva. Esto debe ser acompañado por la vigilancia sobre los organismos públicos locales electorales para evitar casos de corrupción que violen los derechos políticos de la ciudadanía, consagrados desde hace décadas entre los derechos humanos reconocidos por el concierto de las naciones.
Aunque desde una perspectiva tradicional se puede aducir que los organismos públicos de derechos humanos carecen de competencia para abordar asuntos electorales, las reformas de junio de 2011 a nuestra carta magna, que implican un nuevo bloque constitucional y la inclusión del principio pro persona, nos facultan y obligan a abordarlos.
3.- Impulsar que los ayuntamientos establezcan planes municipales de derechos humanos, orientados a que el conjunto de la política pública municipal sea construida desde una perspectiva basada en esos principios.
4.- Promover la creación de observatorios de derechos humanos en los municipios, integrados por ciudadanas y ciudadanos, que sirvan como contrapeso a cada gobierno municipal, que por ser la primera autoridad en contacto con la población, suele ser también la primera en menoscabar sus derechos humanos.
5.- Participar de manera activa en la regulación del uso legítimo de la fuerza pública, aportando una visión desde los derechos humanos a la construcción o reformulación de las leyes, reglamentos y protocolos relacionados con este tema. Esto no sólo dará mayor seguridad a la población, sino que también aportará a las y los agentes policiacos mayor certeza sobre las posibilidades y los límites de su acción.
6.- Vigilar que las acciones de las corporaciones policiacas se apeguen de manera estricta a los principios y normas de los derechos humanos, de manera que garanticen la seguridad de las personas que ejerzan su libertad de manifestación.
7.- En el entendido de que la corrupción, de sí, vulnera una serie de derechos humanos, como la certeza jurídica, y en casos extremos incluso atenta contra la seguridad y la vida de las personas, como en el caso de Iguala, es de importancia toral la vigilancia desde la perspectiva de los derechos humanos sobre las contralorías, fiscalía o instancias encargadas de combatir ese problema.
8.- Analizar desde los derechos humanos la planificación gubernamental y los presupuestos destinados a la educación pública, con especial énfasis en las escuelas normales rurales, en el entendido de que las condiciones precarias en que éstas desarrollan su trabajo no sólo afectan a quienes ahí estudian, sino que también vulneran el derecho de su alumnado futuro a una educación básica conforme a los más altos estándares.
9.- Trabajar hacia la transformación de los patrones culturales discriminatorios que naturalizan cualquier tipo de exclusión y que permite a una parte de la sociedad considerar criminales a las y los jóvenes, a las y los pobres, a quienes se manifiestan para exigir el cumplimiento de sus derechos, o a quienes abrazan ideologías y discursos alternativos.
10.- En el entendido de que el ombudsman es una instancia defensora del pueblo, los organismos públicos de derechos humanos deben abrazar el principio pro persona como eje de su actuación. La intervención de visitadores de la CNDH que este primero de diciembre utilizaron sus propios cuerpos como escudo para proteger a un grupo de manifestantes, dibuja de un solo trazo el espíritu que debe animar la acción de quienes participan en estas instituciones.
En la circunstancia actual, entonces, los organismos públicos de derechos humanos tenemos el deber de interpelar a nuestra realidad y pugnar por las transformaciones que sean necesarias para cimentar una sociedad en la que cada persona tenga la posibilidad de vivir plenamente todos sus derechos humanos. En la circunstancia actual, las instituciones que encabezamos pueden jugar un papel relevante en el avance desde las garantías de iure hacia el ejercicio real de los derechos humanos.
Necesitamos dejar claro cuáles serán nuestras acciones para que nunca más puedan ocurrir hechos similares en el corazón de nuestra sociedad.
Ciudad de México, 9 de diciembre de 2014
