Ciudad de México., 02-nov-2016.- La iniciativa de Constitución que presentó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, atiende diversos convenios y tratados internacionales a los cuales pertenece México y, de ninguna manera, son ocurrencias y propuestas sin seriedad, afirmó Manuel Granados Covarrubias, consejero Jurídico y de Servicios Legales.
Puntualizó que el documento progresista y de avanzada entregado a la Asamblea Constituyente fue consolidado por una sociedad cuya mayor preocupación es combatir la corrupción, por lo cual la propuesta busca terminar con los cotos de poder.
En el marco del foro “Los derechos en la Constitución de la CDMX”, lamentó que una parte de la clase política se resista a tratar temas de fondo como corrupción, buena administración, transparencia y rendición de cuentas.
El titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (Cejur) indicó que la iniciativa del Ejecutivo local corresponde a lo establecido por diversas agencias internacionales y que la adjetivización de la propia Constitución no obedece a caprichos, odas amorosas ni libros de texto, como erróneamente se ha señalado.
Luego de señalar que “el tema es que admitan si van a abordar de fondo la problemática social de la ciudad”, expresó que cualquier norma legislativa debe revisarse a cabalidad para entender su lógica y evitar confusiones que desorientan la discusión y provocan dudas.
El funcionario refirió que lo plasmado en el texto constitucional se alinean los derechos y las políticas públicas que ya existen, para su mayor visibilidad y que, en todo momento, la elaboración de la Constitución por parte del Grupo Redactor consideró las aportaciones de quienes decidieron participar.
“No es inconstitucional ni estamos pisando atribuciones”, sentenció.
En torno a quienes mencionan que la propuesta carece de transversalidad de derechos, dijo, parecería que desconocen las trayectorias y aportes fundamentales de Martha Lamas y Clara Jusidman a la sociedad mexicana.
También las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las personas con discapacidad y las correspondientes a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en asuntos de pueblos y comunidades indígenas.
“El proyecto también garantiza derechos a los no asalariados y algo que no se dice es que será con los propios recursos de las organizaciones de comerciantes que están dispuestos a regularizarse, con los que se generará el Fondo Económico para la Seguridad Social”, finalizó.
