* Por el ingreso de 20 mil toneladas de producto, se afecta a 300 mil pescadores: Sánchez Ramos
Ciudad de México.- La Comisión de Pesca y Acuacultura, presidida por la senadora Ivideliza Reyes Hernández, aprobó un Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a coordinarse con la Secretaría de Marina (Semar) y con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), para fortalecer la vigilancia y erradicar el ingreso ilegal de camarón al país.
Sobre el tema, Reyes Hernández indicó que existe preocupación de los productores acuícolas, porque su trabajo se ve mermado debido a la entrada de camarón, sobre todo ecuatoriano, a territorio nacional.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la senadora Paloma Sánchez Ramos, promovente del exhorto, consideró que el tema es urgente y no se ha atendido como se debe, porque “el camarón ecuatoriano está inundando nuestro mercado”.
Advirtió que por el ingreso de 20 mil toneladas de camarón extranjero se ven afectados alrededor de 300 mil pescadores a nivel nacional, por lo que el objetivo es que la Sader, la Semar y la ANAM hagan todo lo posible para combatir la entrada ilegal.
En la reunión, la Comisión también avaló el Punto de Acuerdo para exhortar a la Sader a que haga las gestiones necesarias, a fin de expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.
Al respecto, Reyes Hernández precisó que este Dictamen recogió diversas observaciones de las y los senadores integrantes de la Comisión, con el fin de que se expida un Reglamento, puesto que la Ley en la materia está vigente desde 2007.
Homero Davis Castro, senador de Morena y promovente del Exhorto, comentó que la Ley general respectiva establece disposiciones generales para esta actividad; sin embargo, no se ha emitido un Reglamento, que está en la esfera del Ejecutivo Federal.
Consideró que la ausencia del Reglamento genera incertidumbre jurídica y operativa, porque hoy se opera con algunos criterios desactualizados; el propósito del Reglamento es fortalecer al sector acuícola, así como proteger los derechos de trabajadores del sector.
