Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
El comisionado general de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, fue removido de su cargo, por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, como resultado del informe que rindió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), sobre la masacre cometida en Tanhuato, Michoacán, donde se cometieron por lo menos 22 ejecuciones extrajudiciales, el 22 de mayo del 2015 y para que se lleve una pesquisa transparente, según lo dio a conocer ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
Hay que recordar que el funcionario cesado también está ligado a la masacre que se cometió en Nochixtlán, el pasado 19 de junio, donde murieron ocho personas y cerca de 200 resultaron heridas.
Acontecimiento que no fue un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de la escalada represiva de los cuerpos de seguridad, que se iniciaron con la detención del secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, Francisco Villalobos; el desalojo del IEEPO la noche del sábado 11 de junio y la detención esa misma noche, pero en la Ciudad de México, de Rubén Núñez Ginez, secretario General de la gremial.
Extrañamente en esta ofensiva policiaca, participaron tanto la Policía Federal como elementos de la policía estatal, del municipio de Oaxaca de Juárez y hasta agentes ministeriales, que se dio la víspera de la entrega del acta de gobernador electo a Alejandro Murat Hinojosa, del PRI, que fue declarado como tal el domingo 12 alrededor de las ocho de la noche.
A partir de ese momento y hasta el domingo 19, se dieron una serie de hechos, donde varías personas resultaron muertas, heridas, detenidas, comercios saqueados, se desencadenaron operativos policiacos de gran calado, tanto en Valles Centrales como en el Istmo de Tehuantepec. Hasta la fecha no han podido terminar con las protestas de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y organizaciones ligadas a su movimiento.
Fueron de tal dimensión estos acontecimientos que Roberta Jacobson -el 20 de junio- al momento de entregar sus cartas credenciales como embajadora de Estados Unidos a Peña Nieto, declaró:
“Primero quiero decir, sobre el tema de Oaxaca y la violencia, que seguro lamentamos mucho siempre cuando hay una pérdida de vida en una manera como eso, cualquier pérdida de vida. Esperamos claro que se pueda resolver de una manera pacífica y sin cualquier tipo de herido o de pérdida de vida más. Así que seguro que estamos monitoreando y mirando la situación allá, no tenemos ningún tipo de alerta de viaje, pero estamos monitoreando la situación como siempre”.
No es que creamos que Estados Unidos es un defensor natural de los derechos humanos, al contrario sólo utiliza esta causa para justificar su intervención en el país donde sus intereses están es riesgo o quiere acrecentar sus dominios, pero la voz del imperio seguro trajo consigo consecuencias, que aún estamos viendo.
También hay que destacar que mañana vence el plazo para que rinda su informe la Comisión Especial de Seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, que está integrada por 14 senadores y diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Morena, Nueva Alianza, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, “Por hechos, debemos entender de la masacre del 19 de junio”, cometida por policías estatales y federales, que fue integrada el 5 de julio y es presidida por la senadora panista Mariana Gómez del Campo.
La Comisión carece de toda seriedad porque jamás puso un pie en Nochixtlán, argumentando la falta de condiciones, desde luego que los acontecimientos no fueron un día de fiesta, para pensar que iban a encontrar los escenarios ideales para realizar su visita e investigar los hechos en ese municipio mixteco.
Por el hecho de no acudir a Nochixtlán, la Comisión nunca pudo tener una idea de los acontecimientos de ese trágico 19 de junio, día de plaza, donde se congregan miles de indígenas tanto mixtecos como chocholtecos, zapotecos y triquis; y que el punto del bloqueo se encuentra a mil 600 metros de donde se dieron los enfrentamientos, por lo que desde un inicio fue parcial su investigación.
Ya removieron a Galindo Ceballos para que las pesquisas sean transparentes, pero en Oaxaca, a la fecha el Gobierno de Oaxaca no asume ninguna responsabilidad, hasta pareciera que no la tiene, cuando el propio gobernador Gabino Cué, en la noche del 19 de junio declaró, que los elementos policiacos “participaron desarmados y sin tolete en el operativo ciñendo su actuación en apego estricto al protocolo de Uso Racional de la Fuerza Pública y con respeto absoluto a los derechos humanos de la población”.
@MiguelAschulz
