* Representantes de las empresas de seguridad se comprometen y suscriben la “Declaración de Tuxtla Gutiérrez”
* Atestiguan autoridades federales y estatales
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 30-nov-2015.- Con motivo de la Tercera Reunión Nacional de Reguladores de Seguridad Privada, representantes de las principales asociaciones del ramo suscribieron la “Declaración de Tuxtla Gutiérrez”, mediante la cual manifiestan su compromiso para capacitar a su personal operativo en el marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
El objetivo es actualizar y desarrollar las competencias que les permitan auxiliar a las instituciones de seguridad pública al participar como primer respondiente.
Con la firma de esta Declaración, el sector refrenda su compromiso con los esfuerzos que realiza el Estado mexicano para ofrecer a sus ciudadanos un entorno de seguridad en el que la justicia sea expedita, transparente y más humana.
La Tercera Reunión Nacional reunió a servidores públicos encargados de la regulación de la seguridad privada con representantes de las principales asociaciones de empresarios del sector precisamente para analizar los alcances e implicaciones del Nuevo Sistema Penal Acusatorio en el ámbito de la Seguridad Privada.
El evento fue encabezado por el gobernador Manuel Velasco Coello; la secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel y el titular de la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, Luis Esteban Islas Bacilio, en representación del comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
Durante su mensaje, el gobernador del estado destacó la alianza con el sector dedicado a la seguridad privada, como uno de los ejes para garantizar condiciones favorables para el desarrollo, el turismo y el bienestar de la ciudadanía.
Por su parte, Fromow Rangel enfatizó la importancia de la capacitación de los elementos de seguridad privada para el modelo de Justicia Penal Acusatorio, y reconoció el compromiso del sector frente al mandato constitucional en materia penal que entrará en vigor en 2016.
A su vez, Islas Bacilio destacó la coordinación existente entre los órdenes de gobierno tanto para mejorar la regulación de los servicios de seguridad privada, como para orientar los esfuerzos en la materia a partir de los ejes definidos en el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
Respecto a la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, hizo un llamado a los actores relevantes del sector a participar en el diseño y puesta en práctica de un Programa Estratégico de capacitación en materia de justicia penal.
Apuntó que, al dedicarse a la custodia y vigilancia de bienes y operaciones de gran importancia para la economía nacional, los elementos de seguridad privada muchas veces actúan como primeros respondientes ante la comisión de un ilícito, por lo que deben estar preparados para, dado el caso, garantizar la preservación de la evidencia y el lugar de los hechos.
