México, DF., 17-oct-2015.- Las responsabilidades penales, legales y políticas por la fuga del Joaquín Guzmán Loera del Penal del Altiplano están muy lejos de llegar a su fin, por el contrario, cada día vamos conociendo más información de lo que sucedió aquel 11 de junio y vamos entendiendo como una fuga de este tipo se estuvo fraguando con varios meses de anticipación, afirmó la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.

Respecto a la filtración del video con audio sobre el momento de la fuga de “El Chapo”, insistió en que es importante investigar la filtración de este material, pero es más importante que se investigue como ninguna autoridad con obligaciones legales para ello, se enteraron de esa gran operación millonaria y de cómo nadie alertó sobre los centenares de visitas que recibió el capo mientras estuvo recluido en el penal del Altiplano, eso es lo que no se ve en el video y que también se tiene que investigar.

“El Gobierno Federal pretende centrar la responsabilidad de la fuga en los custodios, los monitoristas y el personal administrativo de mediano nivel que tenía a su cargo la seguridad del Penal en ese momento, pero omite por completo referirse a la responsabilidad legal y administrativa del entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, del actual titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y desde luego del propio secretario de Gobernación, como si ellos no tuvieran responsabilidad en este asunto”, subrayó.

A consideración de la también integrante de la Comisión de Justicia del Senado, el vídeo que supuestamente se filtró en medios de comunicación, tiene la intencionalidad de seguir manteniendo la responsabilidad en las personas de menor rango.

El video confirma la inacción de los custodios y monitoristas, pero confirma también que una operación de ese tamaño necesariamente se hizo con la anuencia o aquiescencia del más alto nivel, quienes teniendo la obligación de prevenir y evitar esto, no lo hicieron.

“Esta fuga, su preparación, su operación, la infraestructura utilizada, los planos, el uso de GPS y las permanentes visitas al reo de mayor peligrosidad del país, evidencian que se tejió una red de complicidades tanto dentro como fuera del penal, cuya acción de prevención y desmantelamiento recaía directamente en los funcionarios de alto nivel encargados de la seguridad, la operación y la inteligencia entorno al capo sinaloense”, concluyó.