* Criminales se hacen pasar por personal de CFE, Pemex, Cruz Roja o cuerpos policíacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos

Ciudad de México.- Para cerrar el paso a delincuentes que se hacen pasar por funcionarios o empleados de servicios para robar, extorsionar o secuestrar, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una Iniciativa para castigar con mayor severidad la venta ilegal de uniformes e insignias de instituciones públicas y privadas.

La propuesta de reformar el Código Penal Federal busca frenar una práctica cada vez más frecuente utilizada por bandas criminales para ingresar a hogares y operar con total impunidad, explicó la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) en el Senado de la República.

Advirtió que cada vez más grupos delictivos se hacen pasar por personal de empresas de servicios como la Comisión federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), Teléfonos de México (Telmex) o de instituciones públicas como la Cruz Roja o cuerpos policíacos, para acceder sin violencia a los domicilios y cometer delitos.

“Estamos hablando de delincuentes que, por menos de dos mil pesos, pueden adquirir un uniforme y hacerse pasar por empleados de empresas como CFE, Telmex o cuerpos policíacos, generando un clima de vulnerabilidad e indefensión social”, enfatizó.

De acuerdo con cifras oficiales, tan sólo en 2023 se reportaron mil 694 robos a casa-habitación en la Ciudad de México, de los cuales el 92 por ciento se cometieron sin violencia, aprovechando engaños como el uso de uniformes falsos. Además, este tipo de robo aumentó nueve por ciento en la capital y seis por ciento en el Estado de México en el primer semestre del año pasado.

La Iniciativa contempla reformas a los artículos 250, 250 Bis 1 y la adición del Artículo 250 Bis 2 del Código Penal Federal, para imponer penas de hasta 12 años de prisión a quien comercialice, sin autorización, uniformes, insignias, gafetes o elementos que simulen pertenecer a cuerpos de seguridad o empresas prestadoras de servicios.

“Esta medida es urgente y necesaria para proteger a las familias mexicanas y cerrar el paso a un delito cada vez más frecuente y peligroso. No podemos permitir que el crimen organizado se aproveche de vacíos legales y de la venta libre de uniformes para delinquir con total impunidad”, subrayó la senadora.