Entrelíneas

 Miguel Ángel Schultz

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha considerado cinco casos de defensores y defensoras de derechos humanos, que han sido encarcelados de manera arbitraria por lo que deben ser puestos en libertad de manera inmediata. Llama la atención que de éstos casos, tres son de Oaxaca, dado que para que esto sea posible se tuvieron que conjuntar una serie de hechos y acciones de instituciones relacionadas con la aplicación de la justicia, tanto de la entidad como del ámbito federal.

Lo anterior se desprende de un informe elaborado por once organizaciones de la sociedad civil, tanto mexicanas como internacionales, que han documentado que las personas que se encuentran privadas de su libertad fueron torturadas y violentados sus derechos humanos. Así como sometidos a campañas de desprestigio en los medios de información, lo que los afectó tanto de manera directa como a su entorno familiar, al desprestigiarlos para volverlos culpables aun antes de ser juzgados por las autoridades competentes 

Los casos que registra el informe -presentado ayer miércoles en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO)- son los de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, detenidos arbitrariamente desde hace mil 307 días. Librado Baños Rodríguez, detenido arbitrariamente hace mil 208 días.

También, los de Pedro Canché Herrera, detenido arbitrariamente durante 638 días antes de ser liberado el 29 de mayo del 2015 y Nestora Salgado, detenida arbitrariamente 941 días antes de ser liberada el 18 de marzo de 2016. Ambos están aún a la espera de recibir la debida reparación integral por los daños sufridos y en el caso de Salgado sigue siendo perseguida y criminalizada; se dijo en el evento.

Se destacó también que la detención de las cinco personas está vinculada a sus actividades en defensa de los derechos humanos, quienes fueron arrestadas de forma ilegal sin orden de aprehensión; encarceladas por delitos que no cometieron y todas ellas fueron sujetas a un mismo patrón.

De acuerdo al documento, los defensores de derechos humanos presos fueron torturados y sujetos a malos tratos en el momento su aprehensión; incomunicados, con desaparición forzada, antes de su presentación ante la autoridad competente; padeciendo amenazas, confinamiento, campañas de difamación, violaciones al debido proceso y falta de independencia del Poder Judicial al  calificar como legales dichas detenciones.

Los tres casos de Oaxaca que se documentan en el informe revisten gravedad debido a la marcada tendencia que hay en el estado por criminalizar la protesta social dada la intensidad de la misma. Asimismo se han documentado 77 casos de personas presas por motivos políticos en Oaxaca.

La presentación del informe lo hicieron representantes de organizaciones –que participaron en la elaboración del mismo- y familiares quienes enfatizaron que demandan la inmediata liberación de Damián Gallardo, Enrique Guerrero y Librado Baños, así como el cese de la criminalización y reparación integral a los cinco defensores y defensoras de derechos humanos por las numerosas violaciones a sus garantías a las que han sido sometidos.

Estos casos también hacen ver que es necesario analizar el papel que juegan algunos medios de información, que se transforman en instrumento de las autoridades para desprestigiar ante la opinión pública a quienes resultan personas que se oponen a la implementación de políticas arbitrarias gubernamentales y que más allá de su función, ejercen una comunicación como la calificó el Papa Francisco de coprofilia, es decir que se regodean en la difamación, las calumnias y las mentadas de madre.

@MiguelAschulz

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